El Gobierno vasco no ve «funcional ni positivo» elevar el límite a 130 por hora

La elevación del límite de velocidad a 130 km/h en determinadas carreteras podría tener una incidencia escasa o casi nula en Euskadi. El Gobierno vasco considera que se trata de una medida que no es «ni funcional ni positiva» de cara a proteger la seguridad vial, debido a la «orografía» y a la «climatología». Así se lo ha hecho ver la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Garbiñe Sáez Molinuevo, al Ministerio del Interior cuando remitió sus alegaciones a la modificación de la Ley de Tráfico y de Seguridad Vial, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Entre otras medidas, el texto legal aplica además la tolerancia cero con el alcohol y las drogas al volante, ya que duplica la multa en estos casos de los 500 a 1.000 euros, e inclye la obligatoriedad del casco para los menores que circulen en bicicleta en la ciudad.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue el encargado de explicar ayer las líneas generales de la modificación. Destaca la posibilidad de incrementar hasta los 130 km/hora la velocidad máxima en determinados tramos de autopistas y autovías en función del índice de siniestralidad, características de la vía o condiciones climatológicas. Asimismo, se abre la puerta a rebajar los límites de velocidad en carreteras convencionales y en algunas calles de las ciudades. Esya previsto que estos cambios lleguen para la próxima Semana Santa.

Sea como fuere, el Gobierno vasco «no ve necesaria la modificación y la elevación de la velocidad en Euskadi. Según explicó ayer Sáez Molinuevo, en primer lugar, no sería aconsejable por la orografía, «porque nuestras carreteras son complicadas, hay que admitirlo». Pero también por la climatología, «porque tenemos un tiempo normalmente adverso y no es para nada aconsejable que se aumenten las velocidades, y menos cuando los criterios sobre en qué momentos se podría elevar esa velocidad hasta la fecha no son objetivos», aseguró la directora de Tráfico. En este último aspecto, Sáez de Molinuevo recordó que la directora de la DGT ha remarcado en varias ocasiones que para elevar a 130 el límite «no debe existir ningún incidente» en ese tramo. «Además, señaló que en cuanto sucediera algún accidente ya no tendría vigor».

La directora de Tráfico de Euskadi también hizo hincapié en que, para aplicar la elevación del límite de velocidad, «se debería informar a través de mensajes variables y no en todas las vías tenemos dispuestos este tipo de paneles». Por este y otros motivos, en el Gobierno vasco no comparten la medida. «Hay demasiados factores que no vemos claros y de cara a proteger la seguridad vial que nos interesa no vemos que sea ni funcional ni que sea positivo», añadió. Pero Euskadi no es la única autonomía que no ve con buenos ojos la medida. La Generalitat de Cataluña anunció ayer que no subirá el límite de velocidad porque considera que el parque automovilístico que circula por sus carreteras está «envejecido» y, por culpa de la crisis, en «deficientes» condiciones de seguridad.

Luis Murgia, asesor de Movilidad del RAC, considera que más que elevar el límite a 130, «debería unificarse en toda Europa», aunque defiende que se cambie en función de las condiciones de la vía. «La velocidad debería de ser variable. No es lo mismo circular con lluvia y niebla que en un día de sol. Y tampoco es lo mismo circular por la AP-8, una autopista de montaña, que por la AP-1 hacia Vitoria, donde hay tramos en los que se podría ir a 130 km/h tranquilamente».

Controles a peatones

Además de los posibles cambios en los límites de velocidad, la reforma de la Ley de Tráfico incluye la regulación de los controles de drogas. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estas pruebas. Hasta ahora, la regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.

Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y retirada de tres puntos del permiso. No obstante, probablemente el cambio que más polémica ha causado es la obligación de que los ciclistas menores de 18 años utilicen casco en vías urbanas -actualmente es sólo obligatorio en carretera-, lo que ha causado el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos. La obligación podría ampliarse posteriormente a todas las edades.