Solo 67 afectados por la deuda perpetua de Eroski han recurrido a Kontsumobide

Kontsumobide ha recibido hasta el momento 67 reclamaciones de los ahorradores con aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor -producto de carácter perpetuo similar a las preferentes y comercializado por varios bancos y cajas- , cifra muy baja frente a las estimaciones que apuntan a 40.000 afectados. El dato lo dio ayer la directora del organismo, Belén Greaves, durante su comparecencia en el Parlamento vasco.

La escasa afluencia de damnificados puede deberse a que apenas han pasado dos semanas desde que Kontsumobide puso a disposición de los afectados un formulario para facilitar la presentación de reclamaciones. El Instituto vasco de Consumo intenta animar a los titulares de las aportaciones a acogerse a su mediación con el mensaje de que es un proceso gratuito que no cierra la posibilidad de recurrir a los tribunales. Precisan, en este sentido, que no se trata de un arbitraje como el articulado para las preferentes, sino que el organismo se limitará a mediar entre las partes, clientes, emisores y comercializadores. No habrá, por tanto, una resolución vinculante.

Pero esto es justo lo que causa recelo entre los afectados, que todavía ni siquiera tienen claro quién les va a devolver su dinero en caso de que se ponga de manifiesto que les vendieron las aportaciones con engaño, como si fueran depósitos a plazo. El consejero de Salud y Consumo, Jon Darpón, afirmó que a Eroski y Fagor no se les puede exigir nada porque sus emisiones fueron aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La defensa a ultranza que ha hecho el PNV de Eroski, Fagor y Caja Laboral (una de las entidades comercializadoras, perteneciente también al Grupo Mondragón) es otro de los motivos por el que desconfían los ahorradores. De hecho, fue esta formación la que, con apoyo de Bildu, maniobró en el Parlamento vasco para poner el asunto en manos de Kontsumobide, al que se instó a «intervenir de oficio para resolver si la información ofrecida puede considerarse engañosa y encontrar soluciones teniendo en consideración las propuestas de las partes». Un mandato muy poco preciso, en opinión de los afectados.