El juez avala la recalificación de Lantzarte para uso residencial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha encontrado irregularidades en el proceso de recalificación de la campa de Lantzarte para uso residencial realizado por el Ayuntamiento de Berango. La sentencia desestima un recurso interpuesto en mayo de 2011 por dos vecinos de la localidad contra el cambio de catalogación de este solar de zonas verdes y deportivas a urbanizable realizada en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Los demandantes también reclamaban la anulación de la orden dictada por la Diputación que aprobaba de manera definitiva el planeamiento urbanístico que incluye esta modificación. Los recurrentes tienen un plazo de diez días para presentar un recurso de casación contra el dictamen.

A juicio de la Sala, la propia memoria del PGOU «justifica la creación» de este complejo residencial teniendo en cuenta que, según un informe del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, en la localidad hay una demanda de 3.406 nuevas viviendas. Los vecinos que interpusieron la demanda, sin embargo, consideraban que la eliminación del terreno destinado a dotación deportiva iba a ocasionar «perjuicios irreparables» a los residentes. A juicio del TSJPV esta alarma no está justificada ya que considera suficiente la oferta deportiva y de esparcimiento del municipio.

Firmas contra el proyecto

Los denunciantes también acusaban a la alcaldesa, Anabel Landa, de vulnerar el principio de participación ciudadana al no tener en cuenta el millar de firmas presentadas en contra de la modificación del PGOU, ni las alegaciones presentadas al documento. En este sentido el TSJPV defiende que la ley obliga a «favorecer la participación, pero no obliga necesariamente a compartir» las sugerencias vecinales. Por este motivo consideran ajustado a derecho el proceder del Ayuntamiento. Landa aseguró sentirse «muy satisfecha» por una sentencia que «desbarata las graves acusaciones vertidas sobre mí y avala que hemos respetado la legalidad en todo momento».

El objetivo del PNV al frente del equipo de gobierno -con el apoyo el PSE-, era vender este terreno municipal por cuatro millones de euros a la Sociedad Pública Azpiegitura, que edificaría 80 viviendas tasadas para jóvenes. Todo se fue al traste cuando tras perder los jeltzales la mayoría absoluta en las elecciones municipales. La nueva correlación de fuerzas tuvo como consecuencia la estimación de unos recursos vecinales declarando nulo el acuerdo firmado entre autoridades locales y promotora.

A partir de ese momento el proceso entró en vía muerta. Y así puede seguir toda vez que la regidora no prevé retomar el proyecto al menos que alguno de los partidos que se posicionaron en contra «cambien de postura».