Denuncian al presidente Mursi por ajustarse la bragueta en público

No está claro si la presión del pantalón llegó a ser insoportable o si el presidente Mohamed Mursi simplemente 'olvidó' que se encontraba ante los flashes y la primera ministra australiana. Pero el gesto repetido de recolocación de sus genitales que llevó a cabo el islamista el pasado mes de septiembre no pasó inadvertido para muchos egipcios, que quedaron estupefactos. Un conocido activista y bloguero ha denunciado ahora al presidente ante la Fiscalía por «indecencia en público» en lo que parece un gesto de crítica contra la nueva y conservadora Constitución impulsada por el mandatario.

Mahmud Salem, la pluma detrás de 'Sandmonkey', uno de los blogs más influyentes de Egipto desde antes de la revolución, se presentó recientemente en la Fiscalía general para interponer una denuncia, junto al activista Louay Omran y dos abogados, contra Mohamed Mursi. Pero no solo por cometer un acto indecente en público sino por insultar a la figura del presidente, un supuesto protegido por la nueva Carta Magna. Según el documento, que el activista desarrolla en su bitácora, el artículo 278 del Código Penal castiga este tipo de «indecencias» con penas de hasta un año de cárcel o multas de no más de 300 libras egipcias (34 euros).

El bloguero considera además que este gesto del presidente frente a una mandataria extranjera -que fue recogido por la prensa internacional- o la comparación que hizo en una entrevista en la revista 'Time' de la política internacional con un plato de espaguetis, han convertido a Mursi en el «hazmerreír de la opinión pública», con el consiguiente menoscabo de la institución de la Presidencia, que representa a todos los egipcios.

Las clases altas han ridiculizado desde el principio al islamista por sus orígenes campesinos y han escrutado con lupa -y con un alto grado de soberbia y esnobismo- sus modales y gestos. Pero Salem asegura que no quiere caer en la «frivolidad», y que con su denuncia quiere criticar las que se han interpuesto en los últimos meses contra periodistas y ciudadanos en general por insultar a la figura del presidente, que suponen un retroceso de las libertades.