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MAIKA SALGUERO
Miércoles, 5 de diciembre 2012, 03:16
El Consorcio de Aguas de Busturialdea aprobó en el consejo general celebrado a última hora del lunes la modificación de la actual normativa sobre vertidos de aguas residuales por parte de las conserveras de Bermeo. En concreto, una de las principales variaciones en el reglamento hace referencia a la limitación del nivel de cloruros que estas empresas podrán enviar al colector general de Urdaibai una vez que entre en funcionamiento, a mediados del próximo año, la depuradora comarcal de Lamiaran-Aranburu.
«La restricción dependerá del tamaño de la fábrica y de sus características. El objetivo es que las acumulaciones de cloruros no superen los 2.000 miligramos por litro cuando lleguen a la central de fecales», aclararon desde la entidad. Asimismo, otra de los cambios significativos es que las firmas podrán arrojar a la futura estación de tratamiento, «siempre que cumplan los límites fijados», las aguas procedentes de los cocidos de pescado y salmueras. «Hasta ahora estaba prohibido», argumentó la presidenta de la entidad, Iratxe Arriola.
La decisión, respaldada con los votos a favor de los alcaldes de Bildu y la abstención de los representantes del PNV, está orientada a lograr el cumplimiento de los parámetros establecidos por la Unión Europea. Un portavoz de los conserveros, sin embargo, anunció ayer que la decisión acarreará un importante desembolso a las compañías, sobre todo a las más pequeñas. «Tenemos que analizar si son límites que podemos asumir, qué plazos disponemos, además de otras cuestiones», apuntaron desde el sector. La máxima responsable del Consorcio de Aguas de Busturialdea, por su parte, advirtió que esta limitación supone el primer paso para mejorar la gestión de los residuos industriales.
Periodo de alegaciones
«A la hora de realizar los pre-tratamientos se hablará con aquellas conserveras que tengan problemas para amoldarse. Esto no va a ser de la noche a la mañana, habrá un tiempo para poder cumplir la normativa», añadió. Tras la aprobación de la nueva ordenanza se abre un periodo de alegaciones de treinta días para presentar reclamaciones. Los conserveros se reunirán en breve para debatir al respecto, ya que asumir los límites sobre cloruros «no nos supone un esfuerzo, pero aplicar todos los parámetros para acceder a la depuradora, sobre todo en lo que se refiere a los nitrógenos, será inasumible y podría acarrear el cierre de empresas», reconocieron.
Con este nuevo reglamento, el Consorcio persigue, además, optimizar el funcionamiento de la planta de fecales, que no podrá depurar los vertidos de las conserveras sin un tratamiento previo. «El diseño de la central no ha sido el más adecuado teniendo en cuenta las características de la comarca. En un principio se proyectó para una población de 63.000 habitantes, pero sólo se tuvo en cuenta los residuos urbanos. Hoy en día, si a una población de 41.000 personas le sumamos los vertidos industriales, casi estaríamos al límite de su capacidad», reconoció Arriola.
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