«Las fotos en internet te persiguen 7 días a la semana y 24 horas al día»

Ricard Martínez ha hecho un experimento. «Doy clases a futuros maestros», se arranca. Un día preguntó a sus alumnos universitarios cuántos tenían perfil de Facebook, y la inmensa mayoría levantó la mano. «¿Y cuántos tenéis colgada alguna fotografía que, si la viese un futuro empleador, jamás os contrataría?». La cuarta parte respondió afirmativamente.

«Mucha gente parece que ni piensa lo que hace», concluye Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. En esta atmósfera de vergonzante inconsciencia se enmarca lo sucedido esta semana en Deusto. La propagación de decenas de fotografías subidas de tono, cuando no pornográficas, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que no tiene nada de nuevo. Es cierto que, según las últimas informaciones, la inmensa mayoría de las imágenes no se correspondían con estudiantes de esa universidad bilbaína (aunque a algunas se les había adjudicado maliciosamente la identidad de alumnas). Pero aún así el episodio ha puesto en jaque al propio centro docente, a la Fiscalía, a la Ertzaintza y al Gobierno vasco. ¿Qué está ocurriendo?

Que vivimos un tiempo nuevo. «Antes el valor de la imagen eras tú mismo; ahora, son las fotografías que cuelgas en la red», razona Miguel Ángel Casado, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPV y uno de los profesionales involucrados en el proyecto europeo EU Kids On line, en el que participan 27 países para conocer las relaciones de los menores con las ya no tan nuevas tecnologías. La juventud «no tiene conciencia de su propia privacidad y tiene la necesidad de exhibirse en las redes sociales, mostrarse a sí misma de la manera más sugerente y atractiva». Así, uno es lo que pone en su perfil.

El razonamiento vale para menores de edad, pero también para universitarios que han crecido inmersos en el mundo digital y cuya vida está ordenadamente documentada en el muro de Facebook. Y más recientemente, en la aplicación de mensajería WhatsApp y en los teléfonos móviles. Estos dispositivos guardan muchos secretos. «Parece que no se dan cuenta de que lo que está en el móvil puede salir de su control; puedes olvidártelo en un bar, o igual quien fue tu pareja o amigo deja de serlo y usa contra ti cierta información...», alerta Casado. Cuando eso ocurre y los asuntos privados suben a la red, «esa foto te persigue 24 horas al día, 7 días a la semana».

1.500 euros de multa

Y una vez que el asunto se desmadra y la imagen comienza a circular por internet, porque es graciosa o es sexy, hay que asumir que «va a estar ahí para siempre», advierte el profesor de Derecho Ricard Martínez. El daño que hace esto a las personas afectadas es enorme. ¿Cómo pueden defenderse ante tal escarnio? Como siempre, la ley va por detrás de la realidad, y mucho más cuando se trata de una realidad que ya no sabe ni de fronteras ni de límites físicos. «Buena parte de estas cuestiones difícilmente están reguladas», dice el jurista.

Hay varias posibilidades. La más clara es cuando alguien piratea una clave y así capta información privada. Aquí se aplicaría el artículo 197 del Código Penal, que adjudica una pena de uno a cuatro años de cárcel (además de una multa) por un delito contra la intimidad. Lo mismo para quien graba a alguien sin su consentimiento.

La cosa se complica si la grabación es consentida, pero su divulgación no. Por ejemplo, en el reciente caso de la concejala socialista Olvido Hormigos, que filmó un vídeo masturbándose para su pareja, escapó a su control y fue visionado por medio mundo. «Ahora solo es ilegal la grabación no autorizada», asegura Iñaki Pariente de Prada, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Para dar cobertura penal a supuestos como el de Hormigos «se está preparando una reforma legal».

Pese a todo, hay más vías de defensa. Los afectados pueden acudir a la jurisdicción civil para conseguir una indemnización «por daños morales», dice Ricard Martínez. Y también puede irse a la vía administrativa por medio de la Agencia Española de Protección de Datos, competente para imponer sanciones «siempre que exista un dato y que alguien lo trate. Si se considera que enviarlo por WhatsApp o meterlo en YouTube es darle un tratamiento, hay multa». En este sentido, hay precedentes de sanciones de hasta 1.500 euros por divulgación de imágenes sin consentimiento del afectado en un portal de vídeos o en Facebook.

Más vigilancia

La cuestión puede complicarse aún más si, como ha ocurrido en Deusto, se divulgan imágenes de desconocidas pero se les adjudica la identidad de compañeras de clase. Aquí el asunto parece ser aún más peliagudo. Para el profesor de Derecho, se trataría de un «caso de acoso, porque se quiere hacer daño a esa persona». Sin embargo, el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos entiende que la cuestión es «muy dudosa». Otra cosa es que se añadiese el teléfono de la víctima; entonces, sí sería posible la persecución por vía administrativa.

De cualquier modo, siempre hay que estar al caso concreto porque la jurisprudencia no deja de evolucionar. Pero, sobre todo, los expertos hacen hincapié en la necesidad de atajar el problema antes de que se origine. «Habría que dar un tirón de orejas a padres y educadores», critica Miguel Ángel Casado. «Estamos dejando a los chavales muy solos ante el ordenador y el móvil».