Profesores, alumnos y padres abandonan el Consejo Escolar por la reforma educativa

La comunidad educativa volvió a escenificar ayer el rechazo a la reforma propuesta por el Gobierno con un nuevo desplante. En esta ocasión el órgano elegido fue el Consejo Escolar del Estado (CEE), donde un 40% de sus representantes abandonaron el pleno en el que se debatía el anteproyecto de ley de Mejora de la Calidad Educativa acusando al órgano institucional de «cercenar la libertad de expresión» por impedir la lectura de un texto alternativo.

Los sindicatos CC OO, UGT, STES, ELA, Intersindical Galega, Sindicato de Estudiantes, Canae, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) justificaron su decisión por la actitud «antidemocrática» de presidente del CEE. Además, desde estas asociaciones pidieron al Ejecutivo de Rajoy la retirada de la reforma tras el anuncio del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de la apertura de un nuevo plazo para que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones. Consideran absurdo debatir sobre el borrador de un texto que, en su opinión, será modificado notablemente.

«Por primera vez en la historia del Consejo Escolar del Estado se ha censurado la libertad de expresión de una organización», explicó el portavoz de STES, Augusto Serrano. Su informe formaba parte de otros siete textos alternativos -una especie de enmiendas a la totalidad a la reforma educativa- presentados en el pleno. Sin embargo, el informe de STES se envió a la Abogacía del Estado, una práctica nada habitual, que lo rechazó al considerar que contenía términos que suponían una falta de respeto institucional y que carecían de neutralidad. Los términos que debían subsanarse hacían referencia a conceptos como 'contrarreforma educativa', 'segregación de los jóvenes' o 'jerarquización de los centros'.

Recogida de firmas

«Nos quieren callados y quietos», afirmó el secretario general de Enseñanza de CC OO, José Campos. Más crítica fue la central ELA, que acusó al Ejecutivo de orquestar una «nueva intromisión en las competencias de las instituciones» vascas y un intento de «españolización» de la enseñanza. Mientras, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, culpó al Gobierno de querer restringir los derechos de los alumnos por proponer prohibir la huelga a los estudiantes menores de edad. «Para el Gobierno un joven de 16 años es maduro para ser explotado en un trabajo precario, pero no lo es para protestar por su futuro».

La Ceapa también se sumó al plantón y su presidente, Jesús Sánchez, anunció el inicio de una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada de la reforma educativa. Todas las asociaciones sindicales hicieron un llamamiento para secundar la huelga general del 14 de noviembre.

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, calificó el plante como «grave incidente» y lamentó que STES no corrigiera los aspectos señalados desde la Abogacía del Estado. «Me he visto en la obligación de no aceptar ese texto porque no era respetuoso», dijo.