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JOSÉ LUIS GALENDE jlgalende@elcorreo.com
Miércoles, 24 de octubre 2012, 14:30
Antes de acceder a la Lehendakaritza, el peneuvista Iñigo Urkullu tiene ya una patata caliente que amenaza con quemarle las manos. Deberá decidir: o la supresión de la paga extra de Navidad de 70.000 trabajadores del Gobierno vasco, como dispone la normativa básica promulgada por Mariano Rajoy, o su abono, una decisión que le colocaría en una situación jurídicamente delicada. El Gobierno socialista de Patxi López ya dejó claro el pasado septiembre cuál es su posición al respecto: esa medida debe adoptarla el Ejecutivo elegido en las urnas.
Una de las dudas sobre esta resolución está en saber cuándo accederá al poder el nuevo lehendakari. Las fechas que se manejan son las cercanas a Navidad, pero para entonces el Ejecutivo en funciones de López debe haberse pronunciado sobre la paga extra, cuya fecha de ingreso en las cuentas de los trabajadores suele producirse a principios de diciembre.
¿Qué va a hacer el gabinete del PSE si llegado el momento le corresponde ejecutar la medida? «Se decididirá sobre la marcha», apuntaron ayer fuentes del Departamento de Función Pública, que dirige Idoia Mendia. Por el momento, la posición es la misma de septiembre; esto es, que decida Urkullu.
El ahorro de cerca de 250 millones de euros que el Ejecutivo vasco conseguiría cumpliendo las directrices de Madrid, además de evitarle complicaciones jurídicas, supondría una inyección de liquidez para las exhaustas arcas de Lakua. Pero aceptar sin más la norma emanada del Gobierno central le pondrá en contra a sus trabajadores y le echará encima a los sindicatos, en especial a los nacionalistas ELA y LAB, mayoritarios en el sector, que reclaman la desobediencia directa a Madrid en este y en otros recortes.
El abono de la extra de navidad se ha convetido en bandera de reivindicación nacionalista en Euskadi, aunque el PNV no puede buscar un ejemplo a seguir en otras instituciones que gobierna. Así, el Ayuntamiento de Bilbao está decidido a suprimirla, al ser norma de obligado cumplimiento, mientras que la Diputación vizcaína busca fórmulas que le permitan pagarla.
Si deciden ser 'creativos', pueden seguir el ejemplo de Navarra, cuyo Gobierno ha decidido no pagar la extra de diciembre, pero adelantar a los primeros días de enero el abono de la extra de julio de 2013.
Lo que sí parece claro, según fuentes sindicales consultadas por este diario, es que las cotizaciones sociales se mantendrán aunque no se abone la paga. Así sucedió en anteriores recortes en el sector, con el objetivo de que el perjuicio a los trabajadores no se extienda también a su carrera de cotización, tan importante en el caso de baja por enfermedad y, luego, para la jubilación.
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