El Gobierno salva de la piqueta miles de casas y chiringuitos con la Ley de Costas

El litoral español tiene ladrillo para varias décadas más. Las miles de viviendas levantadas en zonas protegidas -entre ellas 600 en Cantabria, con numerosos vascos entre sus dueños- y los tradicionales chiringuitos seguirán formando parte del paisaje playero durante mucho tiempo. El Gobierno aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Costas, que prorroga durante 75 años las 10.000 residencias levantadas en dominio público marítimo-terrestre y que debían ser derribadas según la anterior normativa. Además, indulta a once núcleos urbanos situados en zonas protegidas. El Ejecutivo desmiente que se trate de una «amnistía» y defiende que los cambios acabarán con la incertidumbre legal y dinamizarán la economía.

«La nueva normativa beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales», explicó el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para defender la prórroga. La Ley de Costas de 1988 delimitó la zona de dominio público marítimo-terrestre del litoral. Los propietarios de las casas allí edificadas con anterioridad perdieron la titularidad de las mismas, que pasó al Estado, aunque se estableció una concesión de 30 años -hasta 60 si contaban con una sentencia judicial que mostrara su propiedad- como justiprecio. Los primeros permisos caducaban en 2018, fecha en la que deberían ser demolidas 1.100 viviendas. Ahora se amplia el plazo 75 años más a partir de esa fecha.

El Ejecutivo considera que con la prórroga se evita una situación injusta para quienes veían como una modificación jurídica les «desposeía» de sus viviendas. Unas acciones que para Cañete, además de perjudicar a la imagen de España, tendrían un «elevado coste» económico. Sin embargo, más allá de la repercusión exterior, también han pesado las presiones de terceros países. Y es que muchos de los residentes afectados son originarios de Alemania o Reino Unido. Además, los propietarios podrán transmitir esas concesiones. Es decir, se facilita la compraventa para dar salida al 'stock' de viviendas que no tenían comprador por el riesgo de que fuesen derribadas.

Los 1.700 industrias tienen la misma prórroga, aunque las dedicadas al negocio energético, químico, petroquímico, textil y papelero situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental. También saldrán beneficiados con la nueva ley los tradicionales chiringuitos, un negocio con más de 3.000 establecimientos y que solo en Andalucía supone 40.000 empleos.

Las zonas protegidas del litoral también se reducen con la nueva definición de dominio público marítimo-terrestre. Quedan fuera de esta protección los terrenos inundados artificialmente, como por ejemplo, salinas artificiales o las playas urbanas. Además, las zonas de servidumbre se reduce de 100 metros a 20. La nueva legislación incluye la denominada cláusula anti-Algarrobico, en referencia al hotel construido en Almería y que ya se ha convertido en el símbolo de los excesos urbanísticos en el litoral. Su demolición costará más de siete millones de euros.

Los ecologistas criticaron duramente la normativa a la que calificaron de «engaño» y «pésima noticia». «Ignora los problemas actuales del litoral como la regresión de la línea de costa, el deterioro de los ecosistemas marinos o la presión urbanística. Además, favorece intereses particulares y amiguismos».