Navarra cambia las fechas de las pagas extras para eludir la suspensión de la de Navidad

El Gobierno de Navarra, de UPN, aprobó en su consejo de ayer un anteproyecto de ley foral que modifica las fechas de las pagas extraordinarias para sus empleados públicos a fin de cumplir la normativa básica y, al mismo tiempo, «atenuar» los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno central y no restar dinero al consumo. La fórmula pasa por suspender la extra de Navidad de 2012, que se recuperará en la forma que establezca el Gobierno de la nación en su momento, y fijar para el periodo 2013-2015 un nuevo calendario por el que las pagas extras se abonarán el 3 de enero y el 3 de julio en lugar del 28 de junio y el 22 de diciembre.

Con este anticipo «a cuenta», dijo en conferencia de prensa el consejero de Presidencia, Javier Morrás, se cumple «escrupulosamente» con la suspensión de la extra del próximo diciembre, considerada normativa básica para reducir el déficit, y sin embargo se posibilita que 50 millones de euros estén en manos de los empleados públicos navarros estas navidades ayudando además así al comercio.

«Es una propuesta eficaz y legal, no pretende un fraude de ley», puntualizó el consejero, quien destacó que este mecanismo «tiene más posibilidades» que otras medidas planteadas en el Parlamento de Navarra por los grupos de la oposición, como el establecimiento de un nuevo complemento salarial o el no aplicar la normativa estatal, y que a su juicio serían recurridas por el Gobierno central.

En este sentido, señaló que el Ejecutivo foral plantea esta vía para «reducir el impacto» de la suspensión de la extra de diciembre de este año de un forma «realista», para «no perjudicar la economía» de las casi 30.000 personas que trabajan en la Administración foral y sus empresas públicas, y para «estimular la economía». Asimismo, precisó que, si finalmente el Legislativo foral aprueba esta iniciativa, la ley dará cobertura también a los ayuntamientos navarros, ya que se les autoriza a actuar de igual manera que el Gobierno si su situación financiera se lo permite.