El sindicato de Sánchez Gordillo inicia una marcha andaluza con «sorpresas»

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ( SAT ) se ha propuesto llevar su lucha contra los recortes hasta el último rincón de Andalucía. Unos 700 miembros del SAT, con el alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, inició ayer una marcha a pie en la localidad jienense de Jódar que desembocará mañana en un mitin en Jaén.

Bajo el lema 'Andalucía en pie', los sindicalistas exigen la derogación de los recortes y la reforma laboral, dos meses de trabajo para los parados, cesión de tierras públicas a los trabajadores y el fin de los desahucios y los despidos, entre otras medidas.

Esta es la primera marcha de un conjunto de ellas a celebrar hasta final de agosto que pretenden llegar a todas las capitales de provincia andaluzas. El próximo lunes comenzará otra con destino a Córdoba; entre el día 27 y 28 una tercera se dirigirá a Cádiz, y el 30 y 31 será el turno para Granada. Aunque aún sin fecha concreta, la intención del SAT es concluir su recorrido por Andalucía con una gran manifestación en Sevilla.

Los responsables de la central anunciaron que estas marchas traerían «sorpresas». La de ayer discurrió sin incidentes, aunque sobre los próximos días planea la incertidumbre sobre posibles asaltos a supermercados u ocupaciones de tierras al estilo de los llevados a cabo por los sindicalistas en las semanas precedentes. «Haremos acciones de protesta», confirmó este jueves el secretario general del SAT, Diego Cañamero.

Mientras, continúan las autoinculpaciones por el asalto al supermercado de Écija en apoyo a los siete jornaleros detenidos por participar en esta acción. A las presentadas la semana pasada en Granada se sumaron ayer otras 50 en Murcia y 24 más el Almería.

¿Violencia de género?

Gordillo, entre tanto, exigió ayer la dimisión de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por acusar a los miembros del SAT que se llevaron comida de dos supermercados -entre los que figuraba él mismo- de haber cometido «un robo con violencia contra la mujer», en referencia al asalto al establecimiento de Écija, que presentó una denuncia.

El alcalde de Marinaleda consideró que una persona que ostenta ese cargo no puede «calumniar de esta manera, acusándonos prácticamente de maltratadores». «Sus palabras demuestran un coeficiente intelectual bajo mínimos desde el punto de vista político».

Tras insistir en que sus acciones fueron un acto «simbólico para llamar la atención», Sánchez Gordillo indicó que Becerril no puede poner la institución del Defensor del Pueblo al servicio de su ideología, «una ideología rancia y profundamente reaccionaria, propia de la derecha más clásica».