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JULIO DÍAZ DE ALDA
Martes, 31 de julio 2012, 13:31
Euskaltel saldó el pasado día 2 la deuda que mantenía con Orange al entregar a la filial de France Telecom el 50% de la indemnización de 222 millones de euros que aún le restaba por abonar.
La compañía de telecomunicaciones ha encontrado en su primer accionista, Kutxabank (con un 67,93% del capital), su tabla de salvación, pues este último pago se ha completado gracias a un crédito puente de 125 millones concedido por el macrobanco vasco.
La operadora celebró ayer una junta general extraordinaria de accionistas en su sede de Derio para convertir el crédito de Kutxabank en acciones o, de forma alternativa, sacar adelante una ampliación de capital por el mismo valor del préstamo.
Ninguna de las dos alternativas, que requerían de la unanimidad de voto de todos los accionistas, salió adelante ante la negativa a abordar dichas fórmulas por parte de algunos de los socios, como Endesa, que controla un 10,64% de Euskaltel.
El resto del capital de la compañía de telecomunicaciones vasca se reparte entre el Ejecutivo autonómico -que controla un 7,45% a través de EITB y el Ente Vasco de la Energía-, Iberdrola (11,85%) y el Grupo Mondragón, con un 2,13% de las acciones. El hecho de que la reunión terminara sin acuerdo deja la puerta abierta a una futura junta en la que abordar de nuevo las dos opciones hasta ahora planteadas o tratar de encontrar una tercera vía para cerrar el esquema definitivo de la operación de financiación.
Euskaltel termina así un calvario judicial que concluyó con un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje. El organismo dependiente de la Cámara de Comercio de París impuso los 222 millones de euros de compensación, en un castigo a la firma vasca que después el Tribunal Superior de Justicia confirmó.
Semejante multa, que supone los beneficios de Euskaltel de seis años, es un enorme varapalo que impactará sin duda en las cuentas de la operadora y sus accionistas.
Kutxabak ha puesto a la venta un paquete de al menos el 18% de la operadora, presionado por las nuevas normas internacionales de contabilidad, que castigan sobremanera sus participaciones empresariales de control. El Gobierno vasco ha seguido su estela y también ha decidido deshacerse de su paquete.
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