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CRISTIAN REINO
Viernes, 27 de julio 2012, 04:10
Mariano Rajoy dará un portazo a la reclamación, aprobada por el Parlamento de Cataluña, de contar con una Hacienda propia, con un modelo de financiación similar al de Euskadi. El voto en contra que el PP catalán dio el miércoles a la propuesta de la Generalitat ya dejó entrever cuál sería la posición del Gobierno central. Sin embargo, veinticuatro horas después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo dejó claro al arremeter con dureza contra el proyecto respaldado por CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya, que contó con la abstención de PSC.
«A estas alturas de la crisis, ¿es posible que alguno crea que puede salir desde su propia soledad?, pero ¿qué está diciendo?», afirmó con bastante vehemencia en una intervención en el Senado. A su juicio, decir que la crisis fiscal es del Estado y no de las autonomías y reclamar otro tipo de financiación es «buscar una salida falsa» o una «ventana para escapar que no va a ningún lado». El ministro considera que la propuesta, que atribuye a la Generalitat la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, autonómicos y estatales, con capacidad normativa plena, a través de una agencia tributaria propia, llega en un momento muy «inoportuno», ya que la «división dentro de España» es «el peor mensaje» que se puede enviar al mundo.
La previsión de los partidos nacionalistas es que la negociación del llamado «pacto fiscal» con el Gobierno de Rajoy deberá empezar este año, en otoño. Es posible incluso que Artur Mas, el presidente catalán, intente reunirse con Rajoy este verano, sin luz ni taquígrafos, para abrir el camino. La Generalitat quiere aprovechar el difícil momento -«ahora o nunca», dijo Mas- para alcanzar un acuerdo, que de lo contrario abriría un escenario de máxima tensión entre ambos gobiernos. El president cree que Rajoy, acuciado por el fantasma del rescate europeo, querrá evitar a toda costa nuevos mensajes negativos a los mercados financieros.
A pesar de que Mas vea margen de negociación, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se atrevió el miércoles a anticipar la respuesta que el presidente del Gobierno dará a la Generalitat. «Le dirá que la situación económica es de extrema dificultad, que el camino es negociar un modelo fiscal y un pacto posible, pero no un modelo de financiación que rompa las reglas del juego democrático», afirmó.
El portazo del Gobierno a la propuesta catalana, por tanto, parece cantado, lo que no lo está tanto es cuál será la reacción de Mas cuando, en torno a las próximas Navidades, regrese sin los objetivos estrella de la legislatura: salir del sistema de financiación general y gestionar todos los impuestos. Desde el bando nacionalista se presenta el pacto fiscal como la última oportunidad de alcanzar un acuerdo para resolver el problema del encaje de Cataluña dentro del Estado. «Si alguna cosa es el pacto fiscal, es la última estación conocida antes de entrar en terreno desconocido», expreso Oriol Pujol (CiU) el miércoles.
Ese terreno desconocido podría ser el inicio de una estrategia hacia la emancipación política, como le piden a Mas amplios sectores soberanistas de su partido. La Generalitat siempre ha amagado con una consulta popular sobre la independencia y con elecciones anticipadas si recibía un claro rechazo a su propuesta fiscal.
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