Soria ultima una reforma energética de 6.700 millones para frenar el déficit de tarifa

El ministro de Industria, José Manuel Soria, no parece haber atendido las peticiones de la patronal eléctrica (Unesa), pues serán sus socios los que paguen la parte del león de la inminente reforma energética. Según fuentes del sector, el Gobierno ultima cambios normativos por valor de unos 6.700 millones que aprobará mediante un proyecto de ley (que previsiblemente presentará en una semana) y un real decreto ley, que llegaría mañana al Consejo de Ministros. El objetivo, intentar paliar el déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema, que suma ya 24.000 millones y podría crecer en 5.000 millones más. Los últimos borradores que circulan en el negocio revelan la implantación de un nuevo impuesto a todos los generadores, que gravará no la producción o los beneficios, sino la facturación. En el régimen ordinario, el 'susto' será de un 4%, lo que supondrá unos dos euros por megawatio/hora (MWH), con una recaudación prevista de 400 millones.

En el régimen especial (renovables), del que se obtendrán unos 230 millones, los tipos variarán en función de la tecnología: un 4,5% para la biomasa, un 4% para la cogeneración, un 3% para la minihidráulica, y un 13% para la termosolar, que está mucho más primada. En el caso de la eólica, el porcentaje subirá al 11% y en la fotovoltaica, para la que las eléctricas pedían un mayor castigo, se irá al 19%, pero apenas aportará 65 millones.

Premisas falsas

Uno de los aspectos que más ampollas ha levantado en el negocio eléctrico tradicional ha sido la implantación de una tasa de 10 euros por MWH a la energía nuclear, bajo el concepto de 'generación de residuos', con la que se ingresarían 550 millones, y a la que acompañará -como contrapartida- una extensión de los permisos de utilización de las centrales. Junto a esto, se impondrá también un canon a la hidráulica de 15 euros por MWH, lo que reportará a las arcas públicas cerca de 400 millones.

Estas dos últimas medidas han disparado las críticas más afiladas entre las eléctricas tradicionales, las grandes pagadoras de este primer paquete, que defienden que esas tasas se construyen sobre premisas falsas (como que las nucleares están amortizadas o que los costes unitarios son mucho más altos de lo que resultan en realidad).

«Esto pone contra las cuerdas a estas dos tecnologías», aseguran las mismas fuentes, que advierten de que el eléctrico es un sector ya muy endeudado y que semejante golpe perjudicará su acceso a los mercados de capitales e impedirá la inversión y, por tanto, la creación de empleo. Hasta aquí, la cuenta arroja 2.530 millones, que recaerían sobre todo en los balances de Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa. Soria instaurará también una suerte de céntimo verde (en realidad serán cuatro céntimos por cada metro cúbico) a los hidrocarburos gaseosos con los que recaudaría otros 1.100 millones de euros.

Además, una buena parte del agujero energético (unos 2.000 millones) se llevarán a deuda del Estado. Mientras, el Gobierno prevé ingresar otros 900 millones al año por las subastas de derechos de emisión de CO2, que comenzarán en 2013. La reforma se completará con un recorte de unos 50 millones en la retribución al transporte, de otros cien ligados al suministro a las islas y de cien millones más en la financiación del llamado bono social.