730.000 familias pendientes de la dependencia

Las familias son el principal objetivo de la reforma de la Ley de la Dependencia que plantea el Gobierno, y llevará al Consejo de Ministros el próximo viernes 13 de julio. La actual situación económica, con las arcas públicas bajo mínimos, y un número mayor de dependientes de los previstos, han hecho que el Ejecutivo decida cambiar los actuales parámetros de las ayudas. Esto incluye una mayor exigencia y compromiso a las familias, que tendrán que cumplir un programa para poder cuidar a una persona en su casa.

El Ejecutivo popular, curiosamente, se agarra a la literalidad de la ley para esta reforma. En el texto aprobado en noviembre de 2006 bajo el Gobierno de Zapatero se especificaba que las personas dependientes serían tratadas por profesionales especializados y que los cuidadores familiares iban a ser un hecho anómalo. Sin embargo, esta excepción se ha convertido en regla. El 45,5% de las prestaciones, según fuentes del Ministerio de Sanidad, están destinadas a los hijos, nietos o padres que cuidan de su seres queridos más necesitados. Ahora, el Ministerio quiere que se cambie esta tendencia, por la que calcula que pierde unos 1.000 millones al año.

Para conseguirlo, ha remitido a las comunidades autónomas un borrador del real decreto que se debatirá el próximo martes en el Consejo Interterritorial. En ese texto se especifica que las partidas presupuestarias vayan girando hacia la red de servicios como centros de día, residencias o teleasistencia, entre otros. De esta manera, se quiere potenciar los servicios sociales y a sus profesionales y terminar con los «fraudes». Fuentes del ministerio de Ana Mato reconocen que se han producido «abusos», pero se desconoce la cuantía porque hasta ahora no se ha producido ningún control sobre el destino del dinero que se da a los núcleos familiares.

Aunque el Gobierno quiere potenciar las actuales estructuras de los servicios sociales de las comunidades, deja abierta la puerta para los cuidadores familiares. Sin embargo, tendrán que cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, el cuidador deberá acreditar con documentos oficiales que convive con la persona dependiente. Además tendrá que demostrar que su horario laboral es compatible con el cuidado de esta persona y tendrá que someterse, de forma obligatoria, a un seguimiento estricto del cuidado. Las familias tampoco se podrán negar a las visitas de los supervisores y tendrán que abrir sus casas para realizar una inspección. Si no lo hacen, se les podría rescindir la ayuda. De igual modo, si la persona dependiente no está bien atendida, la ayuda podrá ser revocada. Por último, el familiar encargado deberá acreditar su formación o, en caso contrario, recibir las clases previstas. También tendrán que demostrar su instrucción aquellas personas no familiares que cuidan de los dependientes.

Más de 41.000 en Euskadi

Esta reforma también va a afectar a las 300.000 personas que ahora están en lista de espera para recibir una subvención. El ministerio señala que las previsiones de los anteriores responsables de Sanidad se quedaron «muy cortas», tanto en el número de personas como en la financiación. Las autonomías y el Gobierno central ya se han gastado 2.700 millones más de lo previsto. En total, 1,1 millones de ciudadanos están declarados dependientes, aunque solo 730.000 personas reciben prestaciones -41.190 de ellas en Euskadi-.

En la actualidad hay 430.000 personas diagnosticadas con un grado 3 de dependencia o gran dependencia. Un número «excesivo» en comparación con otros países. Sanidad trabaja con un informe en que se comparan las diferentes legislaciones europeas en materia de dependencia. La más parecida a la española es la alemana. Con 81 millones de habitantes, la sanidad germana atiende a 2,4 millones de dependientes, con un 20% aproximadamente de ciudadanos con grado 3. En España, con 47 millones de habitantes, existen 1,1 millones de dependientes con un 32,3% de ciudadanos con la máxima prestación. Esta situación se debe, según fuentes ministeriales, a que se ha sido demasiado «laxo» y por eso endurecerá los requisitos. No obstante, se recalca que no se tocarán las ayudas a los actuales beneficiarios.

Los cambios en la normativa también buscarán igualar los servicios y las prestaciones en toda España. «Ante situaciones de la misma capacidad económica, la aportación del beneficiario tiene que ser similar en todo el territorio nacional y cumplir con el principio de igualdad ante la ley», comentó la titular de Sanidad, quien señaló que la «deficiente previsión» de sus antecesores «ha llevado a una situación límite la atención de las personas que más lo necesitan». Esta reforma incluye, en un primer borrador, un copago por los servicios en función de la renta y el patrimonio de las personas dependientes y sus familiares. El PSOE, a través de la secretaria de Política Social Trinidad Jiménez, ya ha anunciado que se opondrá a este copago y que lo llevará a los tribunales.