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Miércoles, 6 de junio 2012, 04:28
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ya había manifestado en febrero que el Gobierno no dudaría en utilizar el fondo de reserva de las pensiones si fuera necesario para pagar las nóminas mensuales, aunque «será el último recurso», dijo. Ayer, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Burgos admitió que debido a la crisis, la destrucción de empleo y la caída de cotizantes, el organismo que dirige se puede encontrar con «importantes tensiones de liquidez en los próximos meses», lo que podría obligar a echar mano de este capital, que supera los 72.500 millones de euros. No es descabellado que este fondo de reserva sea utilizado como depósito regulador de las pensiones, pero el sistema debe caracterizarse por la sostenibilidad. Es decir, que el Pacto de Toledo debería disponer de mecanismos cuasi automáticos que aseguraran que las reservas se mantendrán y que el modelo no irá a la quiebra; bien revisando las cotizaciones, las subidas anuales e incluso la edad de jubilación. La austeridad, sin duda precisa en este momento, debe tener líneas rojas, y la más importante de todas es la que asegura la supervivencia digna de quienes han agotado la vida laboral.
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