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E. C.
Martes, 1 de mayo 2012, 04:27
El clima convulso que rodea a los recortes impulsados por el Gobierno central en materia sanitaria obligó ayer al ministerio del ramo a recordar lo dicho: la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud que se tiene que cubrir en todas las comunidades autónomas y que está garantizada. Portavoces del Ejecutivo central se pronunciaron de este modo tras conocerse que dos clínicas privadas que atienden la demanda de aborto en Aragón han dejado de prestar este servicio público por el dinero que les adeuda el Gobierno de la comunidad. «Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos. No hay ningún problema. La prestación está garantizada», aseguraron desde el Ministerio de Sanidad.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) hizo ayer público un comunicado en el que anunciaba la suspensión del acuerdo que tenían con la Administración para prestar este servicio público, tras superar la deuda contraída con ellas los 800.000 euros. La decisión sorprendió al Ejecutivo, que les había propuesto la pasada semana pagar este montante a plazos antes de finalizar el año. Sin embargo, desde ACAI se criticó que en casi dos años no se había articulado un plan de pago.
Cierre de dos hospitales
Por otra parte, el Gobierno de Baleares anunció ayer un plan de recortes para reducir un 10% su presupuesto. Una de las medidas más contundentes es el cierre de dos hospitales secundarios de Mallorca, aunque también se recoge la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, la venta de bienes del patrimonio público y la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica.
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