El Gobierno vasco retira las ayudas sociales a 2.000 personas por vivir fuera de Euskadi

2.031 perceptores de la renta de garantía de ingresos (RGI) dejarán de percibir esta ayuda social a partir del mes que viene por residir fuera de Euskadi. Culmina así el proceso que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) inició hace cuatro meses con el fin de depurar de las listas de perceptores a aquellos que estuviesen engañando a la Administración al estar cobrando el subsidio pese a vivir en otras comunidades autónomas o incluso en el extranjero. Según anunció ayer el Gobierno vasco, esta operación «de lucha contra el fraude en las ayudas sociales» ahorrará a las arcas públicas 17,28 millones de euros al año.

Cuando el pasado mes de diciembre Lanbide asumió la gestión íntegra de la RGI (antes intervenían ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco) el objetivo fue vincular la prestación con la búsqueda activa de empleo. Es decir, todo aquel que cobra debe estar dispuesto a su activación laboral y a implicarse en la búsqueda de trabajo. Salvo, naturalmente, los jubilados que perciben el subsidio como complemento a su modesta pensión. A todos los beneficiarios, que entonces eran 56.000 y ahora superan los 57.000, se les envió una carta certificada informándoles de la nueva situación.

La sorpresa llegó cuando Lanbide recibió devueltas 7.006 misivas porque sus destinatarios no residían en el domicilio que figuraba en su expediente. Una irregularidad grave ya que todos los perceptores deben estar localizables, precisamente, para su activación laboral o para recibir cursos formativos que allanen su camino en la búsqueda de empleo. Entonces, se encendieron las alarmas en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ante una presunta bolsa de fraude que superaba todas las previsiones.

Aquello provocó el malestar unánime de las organizaciones sociales, quienes acusaron al Gobierno vasco de sembrar sospechas injustificadas e incluso de estigmatizar a los perceptores de RGI. Las ONG mantuvieron en todo momento que la cifra se reduciría de manera muy notable, como finalmente ha ocurrido, y achacaron la imposibilidad de contactar con buena parte de los beneficiarios a defectos en los expedientes no imputables a ellos, sino a la propia Administración. De hecho, se hicieron públicos varios casos en los que había ocurrido esto. Además, según admitió ayer el director de Formación y Garantía de Ingresos, Pedro Sánchez, hay que tener en cuenta que «el colectivo de RGI tiene una mayor movilidad, tanto de domicilio como de teléfono de contacto».

«Situación anómala»

El asunto generó un notable revuelo social y mediático durante el pasado mes de febrero. Eso motivó que 3.000 de los 7.000 'sospechosos' acudiesen a las oficinas de Lanbide para dar cuenta de su nueva residencia y solventar las incorrecciones existentes en sus expedientes. A los restantes 4.000 se les envió una segunda comunicación certificada instándoles a acudir a alguna oficina de su red de atención para «corregir su situación anómala». Pues bien, después de esto, 2.031 personas -ninguna es pensionista- siguen ilocalizables, por lo que Lanbide les suspenderá de manera cautelar, como marca la normativa, la RGI. Posteriormente, se iniciará la incoación de un expediente de suspensión definitiva.

«Cuando Lanbide asumió la gestión íntegra de la RGI, una de mis promesas fue cumplir la ley, y ésta es la primera medida de control para vigilar que detrás de cada prestación hay personas que viven de verdad y permanentemente en Euskadi», dijo ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales. Gemma Zabaleta asegura que el Servicio Vasco de Empleo velará por que «no haya ni un solo ciudadano desprotegido en Euskadi que tenga derecho a cobrar esta prestación y que se quede fuera», aunque también se redoblarán esfuerzos para que «nadie que no tenga derecho a ella la cobre».

En realidad, la existencia de una bolsa de defraudadores que cobran la RGI viviendo fuera de Euskadi era un secreto a voces bien conocido por las entidades financieras. Según reveló este periódico hace ya dos meses, responsables de bancos y cajas de la comunidad autónoma constatan con frecuencia que la cuantía de las ayudas desaparece de las cuentas el mismo día del ingreso, manteniendo en ellas el importe mínimo para que continúen activas. Además, es habitual que a las entidades les sea imposible contactar durante meses con ciertos clientes para llevar a cabo trámites rutinarios por residir fuera de Euskadi, y tampoco es extraño que terceros acudan en nombre del beneficiario con fotocopias de documentos para intentar cobrar los ingresos de la RGI.

A partir del mes que viene, 2.031 personas que, según el análisis de Lanbide están en esta situación, dejarán de cobrar. Eso sí, si tras constatar que no se le ingresa el dinero alguna de ellas apareciera para reclamarlo, deberá demostrar la causa por la que no ha recibido ninguna de las comunicaciones de Lanbide, ni se ha presentado en sus oficinas durante los últimos cuatro meses pese a la insistencia de la Administración y a la campaña lanzada en los medios de comunicación. Naturalmente, también tendrá que acreditar que reside en la comunidad autónoma y cumple con todos los requisitos para percibir esta ayuda social.