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M. JOSÉ CARRERO
Viernes, 27 de abril 2012, 09:14
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que representa a unos 20.000 profesionales de atención primaria, ha criticado abiertamente la decisión del Gobierno central de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes 'sin papeles'. Y lo hace no sólo porque la atención médica es, a su juicio, «un derecho humano básico», sino también porque supone «un riesgo», ya que dificultará el control de distintas enfermedades transmisibles, «como la tuberculosis u otras infecciones, lo cual podría perjudicar a toda la sociedad».
Más de medio millón de extranjeros en situación irregular viven en España. De ellos, unos 17.000 están empadronados en el País Vasco pero sin permiso de residencia. Según el decreto aprobado el viernes por el Gabinete Rajoy, todos ellos dejarán de recibir atención sanitaria gratuita el próximo 1 de septiembre. La única excepción a la nueva normativa son los menores, las embarazadas y las urgencias.
El colectivo de médicos de familia comparte la idea de que se cobre a los extranjeros europeos que viajan a España «por turismo sanitario». Para este grupo, plantea que se mejoren los mecanismos de facturación a sus respectivos países. Para los 'sin papeles', sin embargo, reclama que se mantenga la prestación sanitaria. «Dejarles fuera producirá una situación de falta de atención en patologías crónicas que acabará ocasionando ingresos hospitalarios y se generará un mayor gasto final», dicen los médicos.
Ayer mismo, el viceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco, Jesús María Fernández, afirmó que el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno «dinamitan» el pacto sanitario que siempre ha defendido la ministra del ramo, Ana Mato. Fernández resaltó que el decreto de reformas «da la vuelta a las bases del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud», al tiempo que «supone una claudicación ante la convicción de que la sanidad no es sostenible y hace difícil, sino imposible, un pacto entre comunidades y partidos políticos».
Al pacto por la sanidad también se refirió el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, al apelar a la «necesidad moral» de que las autoridades sanitarias se pongan de acuerdo. Rodríguez Sendín denunció que los recortes «van a tener un impacto negativo en la salud del ciudadano».
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