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Un inmigrante senegalés recibe atención sanitaria. /J. R. Ladra
17.000 inmigrantes asentados en Euskadi perderán la tarjeta sanitaria
REFORMA SANITARIA

17.000 inmigrantes asentados en Euskadi perderán la tarjeta sanitaria

El Departamento vasco de Sanidad teme que las restricciones del Gobierno central saturen los servicios de Urgencias

JAVIER GUILLENEA

Jueves, 26 de abril 2012, 09:24

Alrededor de 17.000 inmigrantes empadronados en la comunidad autónoma vasca que se hallan en situación irregular por carecer de permiso de residencia dejarán de recibir el 1 de septiembre atención sanitaria gratuita. Este derecho será historia para ellos en el caso de que llegue a aplicarse en Euskadi la modificación de la Ley de Extranjería incluida entre las medidas decretadas por el Gobierno central para ahorrar dinero en el sistema sanitario.

Los ajustes aprobados el pasado día 20 por el Consejo de Ministros prevén, entre otras medidas, que los extranjeros empadronados en España que no estén regularizados como residentes pierdan su tarjeta sanitaria. Este grupo de personas sólo será atendido a cargo de la sanidad pública en urgencias (por enfermedad grave o accidente), y durante el embarazo, parto y postparto. No obstante, los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.

Según estimaciones del Observatorio vasco de Inmigración (Ikuspegi), cerca del 12% de los inmigrantes que residen en Euskadi pueden quedarse sin asistencia gratuita al carecer de papeles. Este porcentaje significa que en Gipuzkoa hay unos 5.200 afectados, 8.600 en Bizkaia y 3.400 en Araba.

El Departamento vasco de Sanidad aún no sabe con certeza si está obligado a aplicar o no los recortes del Gobierno de Rajoy, que contienen como elementos más polémicos la puesta en marcha del copago de medicamentos y la reforma de la Ley de Extranjería. Los responsables de la consejería dirigida por Rafael Bengoa están analizando la letra pequeña del decreto publicado en el BOE el pasado martes y no ocultan su malestar por la poca información que han recibido por parte del Ejecutivo central. «Estamos intentando reaccionar ante algo que acabamos de conocer», señalan.

El departamento teme que denegar la asistencia gratuita a miles de extranjeros sature los servicios de Urgencias, única puerta que la nueva normativa deja entreabierta a los inmigrantes irregulares para tratar de acceder a la Sanidad pública. «Que los enfermos no aparezcan por un lado significa que van a aparecer por otro», indican fuentes de la consejería. Puede suceder de esta manera que a Urgencias acudan, además de personas con tarjeta sanitaria, inmigrantes con enfermedades graves o víctimas de accidentes y otros cuyo derecho a la atención deberá ser determinado por el personal de cada centro sanitario.

«Más bien jóvenes»

La ministra de Sanidad, Ana Mato, reiteró ayer que el Gobierno pretende que «todo el mundo que tenga derecho a la tarjeta sanitaria la tenga, que son todos los españoles y todos los que tienen su residencia en España». Con las restricciones a los inmigrantes se prevé un ahorro de cerca de 500 millones de euros anuales. Según Gorka Moreno, coordinador de Ikuspegi, la aportación del País Vasco a este objetivo será más bien escasa.

La población inmigrante ha llegado a Euskadi hace relativamente poco tiempo y es más joven que la de otras comunidades. «El ahorro va a ser mínimo porque el mayor gasto sanitario es el que generan las personas mayores», señala Gorka Moreno. Según Ikuspegi, la tasa de situaciones irregulares más elevada se da en Euskadi en la franja situada entre los 16 y 44 años. Por ello, suelen gozar de buena salud y precisan de poca atención médica salvo casos urgentes.

En comparación con este colectivo, los inmigrantes irregulares mayores son una minoría. «Si consideramos que las personas de más de 65 años son las que suponen un mayor gasto para la sanidad podemos observar que los pacientes en situación administrativa irregular en esta franja son 140, un 0,08% de la población inmigrante de origen extranjero residente en la CAV», sostiene Ikuspegi.

El observatorio revela también que el 7% de las personas que viven en un hogar donde algún miembro tiene una enfermedad crónica grave se hallan en situación administrativa irregular. Es un bajo porcentaje que conduce a la conclusión de que entre este conjunto de personas parece darse una incidencia algo menor de enfermedades crónicas, por lo que tampoco parece que el ahorro vaya a venir por aquí.

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