El Tribunal Superior obliga a Euskaltel a pagar 222 millones a Orange

El Tribunal Superior de Justicia emitió ayer una resolución en la que confirma que Euskaltel está obligada a pagar 222 millones de euros, una cifra astronómica, a su competidor Orange. Por segunda vez -ya había una resolución también contraria de una Corte suiza-, los tribunales de Justicia ordinaria admiten que nada se puede hacer contra un laudo, dictado a mediados de 2010 por la Corte Internacional de Arbitraje, organismo al que tanto Euskaltel como France Telecom, la matriz de la que depende Orange, se encomendaron para resolver las discrepancias que pudieran existir sobre sus contratos y las relaciones que ambas empresas mantuvieron durante años.

Pese al duro golpe económico -la multa supone el beneficio de la operadora vasca de seis años completos- la empresa emitió ayer un comunicado en el que, además de discrepar del fallo emitido por el Tribunal Superior, reiteraba su firma voluntad de mantener sus servicios y su estrategia empresarial. Dos de sus accionistas de referencia, Kutxabank y el Grupo Mondragón, también hicieron público su respaldo a la empresa. La compañía asegura que estudia las posibilidades de recurrir la sentencia del Superior de Justicia.

Unas malas relaciones

El origen del conflicto hay que ubicarlo en las relaciones empresariales que Euskaltel y el operador de móvil Amena -adquirida posteriormente por Orange- mantuvieron hasta el año 2006. La mala sintonía que existía entre ambas compañías y las trabas que Amena había puesto a Euskaltel para incorporar a su oferta las últimas novedades del mercado de la telefonía móvil, llevaron a la operadora vasca a un lógico cambio de estrategia. Así, accedió a una licencia de Operador Móvil Virtual, firmó un acuerdo con Vodafone para utilizar su red celular y canceló el contrato que le unía hasta entonces con Amena-Orange.

Euskaltel realizó una compleja migración de los clientes, de una red a otra, pero Orange se revolvió. ¿De quién eran aquellos clientes, algo más de 200.000? Orange defendió que eran suyos y que Euskaltel era un mero comercializador de sus servicios, ya que no tenía licencia para operar en telefonía móvil. El operador vasco, por el contrario, sostuvo la tesis contraria y argumentó que todos los contratos estaban firmados entre Euskaltel y los clientes, de forma directa, sin la intervención de Amena-Orange.

La compañía gala se acogió al contrato de compra de las acciones de Amena -Euskaltel lo había firmado como accionista de la empresa española, en el momento de transmitir su participación- para desatar la batalla económica contra Euskaltel. Aquel acuerdo establecía que las diferencias que pudieran surgir entre las compañías se resolverían al margen de la justicia ordinaria, utilizando para ello los servicios de la Corte Internacional de Arbitraje. Un servicio que aunque tiene su sede en Ginebra depende de la Cámara de Comercio de París.

Desproporcionado

Dos de los tres árbitros designados por la Corte, un francés y un argentino, dieron la razón a Orange y reconocieron su derecho a cobrar una indemnización de 222 millones de euros. Una parte correspondía al «lucro cesante» que los clientes supuestamente robados por Euskaltel deberían haber generado en las arcas de la operadora gala, y el resto por la inversión necesaria para desplegar una red comercial nueva en el País Vasco. El tercero de los árbitros, el exministro español de la UCD José Pedro Pérez Llorca. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a la ejecución del laudo, también tiene un voto particular, cuyo contenido, por el momento, se desconoce.

La empresa vasca, presidida por Alberto García Erauzkin, insistió ayer en los mismos argumentos que ya expuso cuando se conoció el contenido del laudo arbitral. En especial, Euskaltel incidió en el carácter «desproporcionado y desorbitado» de la indemnización y también en el hecho de que los 230.000 clientes objeto de litigio «decidieron libre y voluntariamente pasarse a Euskaltel, mediante un procedimiento de portabilidad habilitado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones».

Además, la compañía mostró su discrepancia con la decisión del Tribunal Superior del País Vasco, «que se ha limitado a asumir un laudo que es una aberración jurídica, es arbitrario, desproporcionado y parcial en favor de una multinacional francesa».