Las diputaciones deberán decidir ahora si permiten una amnistía fiscal para que aflore el dinero

¿Qué harán las diputaciones vascas ante la decisión del Gobierno central de llevar a cabo una operación de lavado de dinero a precio reducido? «No ha dado tiempo a estudiarlo. Lo haremos a partir del lunes», fue la respuesta de alcance de un portavoz de la Administración foral, apenas dos horas después de que finalizase el Consejo de Ministros.

El decreto que publica hoy el Boletín Oficial del Estado con medidas tributarias no afecta a los contribuyentes vascos. En Euskadi, tanto el IRPF como el Impuesto de Sociedades se rigen por una normativa foral; de ahí que, de momento, la posibilidad de conseguir un salvoconducto fiscal para el dinero negro esté vedada.

Los antecedentes apuntan claramente hacia una marcada tendencia a la imitación en procesos similares, si bien es verdad que las referencias históricas son excesivamente lejanas y en un contexto político completamente diferente. La más clara es la del año 1991, cuando las diputaciones forales no dudaron en copiar el sistema de regularización fiscal aplicado entonces por el Gobierno de Felipe González, en un intento de reconducir al circuito convencional miles de millones de pesetas que sorteaban de forma impune la tributación. En aquel caso, el movimiento se hizo mediante la emisión de unos activos financieros denominados 'Deuda Pública Especial', que también fueron empleados por las diputaciones forales.

Los pagarés forales

La regularización aprobada entonces por el ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, y copiada por las diputaciones tenía en realidad un doble objetivo. Además de propiciar el 'lavado legal' de dinero opaco, se perseguía acabar con una práctica un tanto esquizofrénica de la propia Administración pública: los días pares se perseguía el fraude fiscal, pero los impares se apelaba al 'dinero B' como recurso de financiación. El Estado, y también las diputaciones forales, habían usado en los años previos un vehículo financiero controvertido: los pagarés al portador. Los pagarés forales en la versión vasca de aquellos títulos.

Los pagarés eran emitidos por el Estado y también por las diputaciones con una remuneración baja, por debajo de los precios del mercado para títulos similares, pero con la ventaja de que no era necesaria la identificación del titular. Esto es, ni el Gobierno central ni las diputaciones preguntaban a los bancos colocadores de quién era aquel dinero que entraba en sus arcas a modo de préstamo. Como no sabían de quién era, tampoco les preocupaba saber a quién le pagaban los intereses en el momento de su vencimiento, lo que situaba dichos rendimientos de nuevo en el territorio del 'dinero B'.

La peripecia provocó algunos dolores de cabeza en las diputaciones forales. El primero de fuero, ya que el Estado consideró que las diputaciones no tenían competencias para realizar emisiones de este tipo. Los tribunales de justicia acabarían dándole la razón. Pero no fue el único problema. El sistema utilizado por los ejecutivos forales propició que las entidades financieras utilizasen un mecanismo de ingeniería para conceder 'extratipos' a los propietarios de los pagarés. Incluso hubo quien, como el desaparecido Banco Europeo de Finanzas, emitió pagarés forales falsos para poner tintes de escándalo a lo que ya era una actuación más que dudosa de la Administración.

El 'blanqueo' final llegaría en 1991 con la emisión de la Deuda Pública Especial. A cambio de suscribir aquellos nuevos pagarés -cuyo periodo de amortización era de seis años y el tipo de interés del 2%-, sus propietarios podían dar por 'lavado' el dinero que habían colocado en ellos. No hay datos sobre el volumen de dinero regularizado entonces por las diputaciones forales, pero para el conjunto de España se estimó en un total de 4.800 millones de euros.