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CÉSAR CALVAR
Sábado, 3 de marzo 2012, 14:58
El déficit aprieta, pero el Gobierno quiere impedir que ahogue lo poco de la economía española que funciona. Mariano Rajoy anunció ayer en Bruselas un cambio sustancial en el programa de estabilidad para suavizar el ajuste presupuestario que habrá que acometer este año. Tras participar en el Consejo Europeo, el presidente fijó el nuevo objetivo de déficit en el 5,8% del PIB, lo que supone 1,4 puntos más que el 4,4% comprometido ante la Comisión Europea. Y lo hizo sin consultar ni comunicárselo previamente a sus socios de la UE -«se lo contaré en abril», dijo- porque, según afirmó, «es una decisión soberana de España».
Aunque está por ver si Bruselas acepta el envite, el nuevo límite obligará a recortar los números rojos 2,7 puntos respecto del 8,51% alcanzado al final de 2011. Un objetivo menos ambicioso y más realista en un contexto de caída de la actividad del 1,7% como el proyectado en el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Inyecta un poco de oxígeno a la economía y destierra momentáneamente el nefasto escenario previsto en el programa de estabilidad pactado con los socios europeos: un ajuste de 40.000 millones en plena recesión que dejaría al Gobierno solo en disposición de aplicar tijeretazos, sin margen para políticas encaminadas a estimular el crecimiento.
Rajoy primero, y después en Madrid el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistieron en que el Ejecutivo no contempla esta alteración del calendario como una violación del pacto europeo de estabilidad y crecimiento. España mantiene su «intención» de alcanzar en 2013 el 3% que establece el acuerdo. Los cambios introducidos suponen solo una distribución más equitativa del esfuerzo entre este año y el próximo, en los que habrá que reducir los números rojos en 2,7 y 2,8 puntos de PIB, respectivamente.
La menor asfixia a corto plazo deja más margen al Gobierno central, pero no presupone recortes menos dolorosos. El desglose por administraciones públicas del nuevo objetivo muestra un reparto desigual, ya que traslada lo peor del ajuste de este año a las comunidades autónomas, que gestionan servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia.
Los Ejecutivos regionales fueron los que más se desviaron en 2011 de los objetivos. De ahí que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo martes Hacienda les impondrá un recorte del déficit de 1,4 puntos, hasta el 1,5% del PIB. La administración central tendrá que reducir sus números rojos 1,1 puntos, hasta el 4%. Las corporaciones locales podrán registrar un déficit del 0,3%, que les obliga a ajustar una décima. La Seguridad Social -que volvió a ser deficitaria tras 13 años de superávit- deberá recuperar el equilibrio.
Todos estos ajustes habrán de realizarse en un entorno macroeconómico que parte de una previsión de caída del PIB del 1,7%, que acarreará una reducción importante de los ingresos, según las previsiones presentadas por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Con estas proyecciones, el Gobierno se apunta al peor escenario, el previsto para España por el FMI. El Banco de España y la Comisión Europea habían estimado caídas menos bruscas, del 1,5% y el 1%, respectivamente.
Falsas expectativas
De Guindos señaló que el cuadro oficial es «realista» en sus planteamientos porque no busca generar «falsas expectativas». Según los indicadores adelantados que maneja su departamento, la contracción que sufrió la actividad ya en el último trimestre de 2011 «se va a mantener» durante el primero y el segundo de 2012 y podría «llegar incluso al tercero». Solo al cierre del año el Ejecutivo espera algunas mejoras.
El cuadro macroeconómico refleja todas las debilidades que tienen paralizada la actividad. Pronostica una contracción de la demanda nacional del 4,6% fruto de una caída brutal (11,5%) en el gasto en consumo de las administraciones públicas por los recortes. El consumo privado se contraerá un 1,4% y la inversión se hundirá un 6,9%. El saldo exterior, tabla de salvación de la economía en esta crisis, aportará 2,9 puntos al crecimiento, pero las exportaciones ya no tendrán el vigor de los dos últimos años y solo avanzarán un 3,4%.
El Gobierno trabaja ya con la vista puesta en los presupuestos para 2012, que Mariano Rajoy anunció que presentará el próximo día 30 de marzo. Como base para esas cuentas, el Consejo de Ministros aprobó ayer el límite de gasto del Estado, que quedó fijado en 118.565 millones, un 4,7% menos que en 2011. De esa cantidad habrá que restar 2.270 millones correspondientes a obligaciones anteriores del Estado, lo que reduce un poco más el techo de gasto homogéneo, hasta 116.295 millones.
Las cifras presentadas por el ministro de Hacienda contemplan también una reducción del gasto de los ministerios del 12,5%, desde 66.249 millones en 2011 hasta 57.978 millones este año. Montoro subrayó que el ajuste correspondiente a la administración del Estado «ya está en marcha» desde que el Gobierno aprobó a finales de año un acuerdo de no disponibilidad de 9.000 millones para este ejercicio. «Ahora hay que completarlo en términos de menor gasto», señaló el ministro, que no dio pistas sobre posibles subidas de impuestos.
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