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JOSÉ LUIS GALENDE jlgalende@elcorreo.com
Domingo, 12 de febrero 2012, 12:46
La reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Gobierno puede facilitar la consecución de un acuerdo interprofesional sobre negociación colectiva en Euskadi, que había fracasado dos días antes al no aceptar el sindicato LAB la exigencia de la patronal Confebask de que los conflictos originados por los descuelgues salariales de las empresas y de las condiciones de trabajo (flexibilidad) fueran resueltos por un arbitraje. A falta de conocer en detalle el desarrollo legislativo de la nueva normativa, esa fórmula ha dejado de ser un obstáculo porque será obligatoria a nivel nacional en todos los casos en que las compañías decidan sustraerse de un convenio de ámbito superior (provincial, estatal...) cuando los trabajadores no estén de acuerdo.
El argumento de LAB de que el arbitraje «neutralizaba el sindicalismo» y favorecía el desacuerdo de las empresas deja de tener vigencia porque ya no es una opción a pactar entre empresarios y centrales.
Por el contrario, la prioridad total que la reforma da a los convenios de empresa sobre otros de ámbito superior, en todas las materias, es «un torpedo en la línea de flotación de los sindicatos vascos» y al citado acuerdo, en palabras de un experto en relaciones laborales, porque en el mismo se garantizaba que las compañías asumían la obligación de aplicar, salvo descuelgues pactados o arbitrados, un salario mínimo. Esta era una de las grandes cesiones de Confebask a la negociación del acuerdo interprofesional, que ahora puede replantear ante las nuevas perspectivas.
La reforzada preponderancia de los convenios de empresa -que la anterior reforma laboral otorgaba salvo que pactos de ámbito estatal, de comunidad autónoma o interprofesionales no lo impidieran- ha dejado en entredicho una buena parte del valor del acuerdo que negociaron Confebask, CC OO, LAB y UGT, que estaban dispuestos a retomar. No obstante, señalaron fuentes consultadas, tendrían aún un importante margen de actuación si se interpreta que la reforma se refiere solo a los convenios de empresa, que no son muchos en la comunidad autónoma. La situación sería mucho peor si afectara también a los pactos de empresa, que son acuerdos que recogen salario, jornada y algún aspecto más, para someterse en el resto de las condiciones laborales a lo que diga el convenio provincial.
Por otro lado, la implantación del arbitraje como vía para resolver los conflictos originados por los descuelgues era una solución que tanto CC OO como UGT habían aceptado en la negociación con Confebask. Esta fórmula está llamada a tener un gran auge en la negociación colectiva en Euskadi a partir de hora, ya que los sindicatos se verán obligados a incorporarla a todos los convenios para que en caso de desacuerdo se pueda aplicar antes de que pasen los dos años de ultraactividad.
Deducciones por contratar
Y es que, en el caso de los convenios provinciales, siempre será mejor ese recurso que depender de las condiciones laborales del convenio de ámbito superior, en el caso de Euskadi, los estatales, al no existir casi ninguno a nivel de comunidad autónoma. Como es sabido, el País Vasco tiene las mejores condiciones laborales de España.
Otro de los asuntos por aclarar se refiere la deducción fiscal de los 3.000 euros para el primer empleo de jóvenes que creen las empresas de menos de 50 trabajadores. En Euskadi la competencia fiscal es de las diputaciones forales, que ya aplican una desgravación de 4.600 euros por cada nuevo empleo creado -no solo el primero-, sin distinguir tamaño de empresa ni edad del trabajador.
La reforma ha recibido ya el rechazo de todas las centrales sindicales, incluida la mayoritaria en el País Vasco, ELA, que es la que va a resultar más beneficiada en algunos de sus apartados, según la opinión de los expertos. En efecto, la prioridad que se da a los convenios de empresa supone un aval a la estrategia sindical desarrollada por la organización que dirige Adolfo 'Txiki' Muñoz. El mayor tamaño, implantación y dimensión de su aparato sindical le permiten llegar a muchos más centros de trabajo que sus competidores, por lo que a partir de ahora tendrá más facilidades para desarrollar su política.
Sin embrago, en una primera reacción, ELA calificó la reforma de «muy dura y muy agresiva contra los derechos de los trabajadores, ya que hace un ataque impresionante a la negociación colectiva».
No obstante, la ventaja para ELA, que fue una de las causas por las que LAB intentó configurar junto con CC OO y UGT una nueva mayoría sindical para mantener una plataforma mínima de derechos laborales afianzada en los convenios provinciales, puede facilitar la recuperación de las negociaciones de un acuerdo interprofesional en Euskadi, fórmula que, pese a la reforma, sigue teniendo una gran capacidad regulatoria. También a la patronal le interesa mantener unos convenios provinciales fuertes, porque resuelven el problema de sus pymes afiliadas y porque pueden evitar el surgimiento de empresas en condiciones laborales que supongan menores costes y, por tanto, una competencia incómoda.
LAB también rechazó el viernes la reforma por «nefasta». Eduardo García, de CC OO de Euskadi, la calificó de «fuerte agresión» que requiere una «respuesta unitaria de sindicatos y organizaciones sociales». «Si nosotros no ocupamos la calle, la ocuparán otros, como el movimiento del 15M», advirtió.
Maribel Ballesteros, de UGT, tachó los cambios del Gobierno de Mariano Rajoy de «injerencia absoluta» en las condiciones laborales que pactan empresarios y trabajadores, y advirtió de que «se agudizará la situación de convenios sectoriales sin cerrar en la comunidad autónoma, que es el juego que ha jugado ELA».
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