El Parlamento veta las multas a los comercios por el euskera

El pleno del Parlamento vasco aprobará hoy una propuesta de ley del grupo socialista para eliminar del decreto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios las sanciones a los comercios que no atiendan a sus clientes en alguna de las dos lenguas oficiales. La iniciativa contará con el apoyo de PP y UPyD y el rechazo de los grupos nacionalistas, que consideran que la normativa, sin multas, pierde su efectividad y no se respetarían por tanto los derechos de los euskaldunes. El PSE, por su parte, defiende que las sanciones «provocan rechazo» al idioma y prefieren buscar «adhesiones voluntarias» a la lengua vasca en lugar de «imponer su uso».

Esa propuesta de ley modifica la normativa elaborada por el Gobierno Ibarretxe -que desarrollaba el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias-, en la que se obligaba a rotular y atender en euskera a los establecimientos con más de 250 trabajadores y con un volumen anual de negocio superior a los 50 millones de euros, o con una superficie mayor de 400 metros cuadrados ubicados en capitales o municipios con un tercio de ciudadanos bilingües. El decreto diseñado por el equipo del anterior viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, dejaba la puerta abierta a una reglamentación posterior en la que se fijarían las multas.

El Gobierno de Patxi López prorrogó el plazo fijado por el Ejecutivo del PNV para que los comercios cumplieran las normas sobre el uso del euskera, con el fin de que los servicios jurídicos del nuevo Gabinete socialista prepararan una reforma de la ley. El pleno del Parlamento vasco aprobó esa propuesta del PSE de eliminar las sanciones en octubre de 2010 con el apoyo de PP y UPyD y el rechazo de los grupos nacionalistas. Posteriormente, la proposición de ley se debatió en una comisión parlamentaria. El último paso de este proceso se dará hoy cuando la Cámara apruebe la eliminación de la posibilidad de sancionar a empresas y comercios por no atender en euskera.

«Queremos reponer el consenso de la ley del año 82, que se apoya en la libre adhesión de los ciudadanos al euskera y que el Gobierno de Ibarretxe rompió de forma unilateral con el decreto elaborado por la viceconsejería de Política Lingüística», señala el parlamentario del PSE Vicente Reyes, que defenderá hoy la propuesta en la Cámara vasca. En su opinión, «las administraciones públicas tienen la obligación de respetar los derechos del consumidor euskaldun», mientras que en el sector privado hay que ofrecer «estímulos», «fomentar el uso» de la lengua vasca. «Hay que atraer a la gente al euskera, como indica el consejo asesor, no actuar con imposiciones». Además, Reyes sostiene que no se puede «poner en peligro» el puesto de trabajo de una persona que no habla euskera en una empresa privada por «una necesidad que no existe».

Los grupos nacionalistas votarán en contra. Coinciden en que, si no hay sanciones, la ley de defensa de los derechos lingüísticos de los consumidores «no es efectiva» y se queda en una mera recomendación. «No se respetan los derechos de los usuarios euskaldunes», se quejan desde el PNV.

254 quejas al Gobierno

Ayer mismo, la viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi, reconoció que «aún queda un largo camino por recorrer» en la defensa de los derechos de los vascoparlantes durante la presentación en el Parlamento de la memoria del servicio para la garantía de los derechos lingüísticos, Elebide. Auzmendi apuntó también el «compromiso» del Ejecutivo vasco por seguir «avanzando» en ese camino.

La memoria indica que Elebide recogió en 2010 un total de 254 reclamaciones por el euskera -una gran parte de ellas por carteles que únicamente están escritos en castellano-, lo que supone un 98,6% del total. Esa cifra de quejas revela que se registró un incremento del 23% respecto del año anterior.