Euskadi es la comunidad donde la crisis ha destruido menos empresas

La crisis se ha llevado por delante 177.300 empresas españolas en cuatro años, lo que equivale a una reducción del 11,7% respecto a las existentes cuando se desataron las primeras turbulencias financieras. La mayoría son pymes, mientras que las más grandes -de 500 asalariados en adelante- han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia. Por territorios, Murcia y la Comunidad Valenciana han resultado las más castigadas por el peso de las construcción en sus economías. En el otro extremo figuran las regiones del norte, con el País Vasco a la cabeza, donde la destrucción se limita al 5%.

Son datos de un estudio realizado por Anna Laborda, profesora de la escuela de negocios Esade, que arroja algunas conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, que Euskadi no sale tan bien parada si en lugar de observar el listado de las empresas afiliadas a la Seguridad Social se toma como referencia el directorio del Instituto Nacional de Estadística (DIRCE), que también incluye a los establecimientos sin asalariados. Es decir, a los empresarios y trabajadores que, al encontrarse en dificultades, se buscan la vida como autónomos. Pues bien, en esta clasificación el País Vasco arroja una tasa de destrucción del 5,6%, superior al 5% de media nacional.

Según esta segunda estadística, España ha perdido en su conjunto 212.610 empresas con trabajadores, una cifra que se ha visto al menos en parte compensada por el aumento en 40.947 del número de firmas sin empleados. La comunidad que mejor ejemplifica esta dinámica es Cataluña, donde «muchas empresas de 1 a 3 trabajadores tienen la valentía de intentar una y otra vez salir adelante y han demostrado ser capaces de reconvertirse sobre la marcha a otras actividades», explica Laborda. En este territorio, el descenso de firmas con asalariados es del 12,3%, mientras que si se incluye a los autónomos se reduce al 3,9%.

De vuelta al listado de la Seguridad Social, ese que sólo tiene en cuenta a las empresas con asalariados, se observa cómo las grandes compañías están mucho mejor preparadas para aguantar una crisis. Hasta el punto de que las de más de 5.000 empleados han aumentado su número al pasar de 99 a 107 entre 2007 y 2011. Por contra, las principales víctimas han sido las pequeñas y medianas compañías con plantillas de 10 a 49 trabajadores, que sufren un desplome del 20%.

Laborda opina que la causa de que Madrid haya salido relativamente bien parada, con una destrucción del 9% de las sociedades, proporción inferior a la media, se debe a la mayor concentración de grandes empresas.

Para nadie es un secreto que ha sido la construcción el sector más afectado, con la destrucción del 37% de las empresas. El parón en seco de la vivienda ha tenido un efecto arrastre sobre el sector industrial, donde la reducción ha sido del 15%. La dependencia del 'ladrillo' de la zona levantina es la causa que explica que comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana arrojen tasas de destrucción del 18% y 17%, respectivamente.

Los servicios han aguantado mejor el diluvio, con una desaparición de empresas de apenas el 3,5% Dentro del sector, se registran variaciones negativas en el comercio -una reducción del 6,3%, que sin duda se corresponde con la sequía del consumo-, compensada por la evolución positiva de la actividad administrativa, donde se registra un aumento de las empresas del 19%, de las sanitarias, con incremento del 14% y de las educativas, con un repunte del 12,4%.

Anna Laborda enciende las alertas en este punto. «Además de las compañías del sector sanitario, también las educativas se han mostrado especialmente activas durante la crisis», comenta. Pero añade que justamente estas áreas se sostienen en muchos casos con apoyo público, y los ajustes necesarios para reducir el déficit están recortando las aportaciones. Por eso considera muy importante que no se sacrifiquen, y que el sector privado reaccione pronto.

También alarma a la autora del informe la drástica disminución en el número de empresas destinadas a investigación y desarrollo, que han pasado de 17.700 en 2008 a 6.600 en 2011. Explica que, en algunos casos, el recorte puede deberse a la fusión de sociedades, pero habría que considerar esa trayectoria un «aviso de emergencia» porque lo que menos conviene ahora mismo a la economía española es un recorte de la actividad de I+D, esencial para proceder al cambio de modelo.