La mina de Gallarta se hace monumento y asegura su futuro

Han sido casi cuatro años de ruegos, promesas, intercambios de cartas, y declaraciones bienintencionadas, pero será hoy finalmente cuando los vecinos del municipio vizcaíno de Abanto respiren tranquilos. El Gobierno vasco aprobó ayer el decreto que califica como Bien de Interés Cultural Calificado con la categoría de Conjunto Monumental a la mina de Bodovalle, en el núcleo de Gallarta. Se trata del mayor yacimiento a cielo abierto que existe en Bizkaia, y el principal reclamo turístico de la localidad minera. Con esta medida se pondrá fin a la amenaza que planeaba sobre la extracción desde principios de 2008, y que preveía devolver al yacimiento parte de las tierras que le habían sido arrebatadas: en total, dos millones de metros cúbicos.

La corta Concha II será la primera mina de sus características que recibe el calificativo de Monumento en Euskadi. «El proceso de declaración ha sido especial porque es la primera vez que se protege un corte geológico que es único en la comunidad autónoma», destacó el director de Patrimonio del Gobierno vasco, José Luis Iparraguirre. Con su aprobación ayer se pone fin a un proceso que ha durado 16 meses. El expediente se inició oficialmente con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el 15 de julio de 2010, aunque ya entonces se basaba en un decreto de la Viceconsejería de Cultura firmado el 24 de junio.

La demora con la que se ha desarrollado todo el proceso de aprobación del expediente había disparado los rumores de que éste ya había caducado. «La ley de Patrimonio Cultural dice que a los dos meses de iniciarse el trámite tiene que estar resuelto», reconoció Iparraguirre, aunque también recordó que esto no siempre se tiene en cuenta cuando la decisión afecta a «intereses generales», como es el caso. «En estas circunstancias se interpreta que los expedientes no caducan», señaló. Aun así, para que se extingan los tiempos legales es necesario que alguien solicite una «denuncia de demora», lo que a su vez ampliaría el plazo en otros tres meses.

Protección especial

La declaración de Bien de Interés Cultural entrará en vigor de manera oficial cuando el decreto sea publicado en el Boletín Oficial, algo que sucederá previsiblemente en el plazo de dos o tres semanas. Entonces se harán públicos los elementos protegidos, que en el caso de la mina incluye con «nivel de protección especial» la corta de Bodovalle, los elementos geológicos, la explanación, los túneles del ferrocarril de La Orconera, el plano inclinado, la jardinera, el castillete de la Mina Ezequiela y la boca de la galería, a 48 metros del fondo.

Justo debajo de ese punto era hasta donde se preveía que pudieran alcanzar los rellenos planeados por la sociedad Abra Industrial, propietaria del yacimiento, que desarrolla un polígono industrial en la zona. Para abrir paso a su construcción, la entidad dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) había previsto devolver dos millones de metros cúbicos de tierras extraídas al fondo de la corta. La idea era que estos rellenos quedaran bajo el nivel freático y, por lo tanto, permanecieran ocultos por el agua que encharcará el fondo del yacimiento cuando se detenga el bombeo de las galerías subterráneas. Su directora, María Victoria Riol, no quiso avanzar ayer ninguna valoración hasta poder disponer del decreto, aunque recordó que se han presentado alegaciones. «Imaginamos que con la protección no se podrá llevar a cabo», aclaró. Tanto es así que el decreto aprobado ayer recoge específicamente esta negativa. Lo hace en su punto 5.10, donde dice: «Se prohíbe el relleno expreso de la Corta».

También desde Agruminsa, responsables del mantenimiento de las galerías subterráneas plantearon sus dudas respecto al expediente por el que se declara la mina Bien de Interés Cultural. No en vano, presentaron alegaciones después de encontrar errores en los planos contemplados por el documento de la declaración que aún no saben si ya han sido resueltos. Su director, Javier González, recordó, entre otras cuestiones, que el documento instaba a proteger una caseta sobre el castillete, «que hace al menos 35 años que ya no existe».