Registran una empresa del yerno del Rey

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron ayer la sede del Instituto Nóos en Barcelona, empresa que fundó y presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, antes de fijar su residencia en Estados Unidos. La Fiscalía Anticorrupción analiza unos convenios que el Gobierno de Baleares firmó en 2005 y 2006 con la compañía del yerno del Rey para la celebración de sendos foros deportivo-turísticos, en los que se sospecha que pudo haber malversación de fondos públicos y falsedad documental. La firma cobró 2,3 millones de euros por la realización de dichos eventos al Gobierno balear cuando lo presidía Jaume Matas, del Partido Popular y ahora procesado por corrupción.

El 'caso Nóos' es una pequeña pieza -que permanece bajo secreto de sumario- del macroproceso Palma Arena, en el que se investiga el presunto desvío de más de 50 millones de euros durante la construcción del velódromo de Palma de Mallorca entre 2005 y 2007. Por este sumario, el entonces presidente balear se enfrenta a una acusación de doce delitos de corrupción, todos relacionados con la construcción de las instalaciones deportivas, que costaron más del doble de lo presupuestado.

El duque de Palma se ha visto salpicado por estos hechos por la firma de sendos convenios el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006, por los que el Ejecutivo del popular Matas abonó a Nóos 1,2 y 1,1 millones de euros, respectivamente, a través de la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur). El objeto de dichos contratos era la realización del Forum Illes Balears Tour Sport, un encuentro sobre turismo y deporte que el primer año se limitó a la celebración de varias conferencias entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005.

Gastos inflados

Según las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, en el marco del caso que instruye el juez José Castro, el gasto que en su día se presupuestó para las jornadas no ha sido acreditado. Hace dos semanas aparecieron informaciones sobre la existencia de irregularidades en las facturas presentadas por Nóos al Gobierno de Matas. Los investigadores sospechan que la entidad presidida hasta 2006 por Iñaki Urdangarín pudo inflar los gastos o justificarlos mediante facturas que nada tenían que ver con el evento contratado.

Así, Nóos presentó al menos cuatro recibos correspondientes a trabajos realizados en Valencia para justificar los gastos de Palma, así como facturas de una promotora inmobiliaria que comparten Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina. Por todo ello, el juzgado de instrucción y el ministerio público aprecian indicios de malversación de fondos públicos y falsedad documental, y sospechan que parte del dinero fue desviado a través de una red de sociedades controladas por los implicados o su entorno.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional emprendió a mediados del pasado mes de octubre una ronda de interrogatorios con los principales proveedores de Nóos, a fin de que acrediten los trabajos por los que cobraron de la fundación. El yerno del Rey aún no ha sido imputado en el caso, a diferencia de su socio Diego Torres, vicepresidente de la entidad cuando el duque de Palma era el máximo ejecutivo y que se hizo con las riendas a la marcha de Urdangarín. También están imputados José Luis 'Pepote' Ballester, director general de Deportes en la última legislatura del PP en Baleares, campeón olímpico de vela en 1996 y amigo del esposo de la infanta; y el exgerente del Instituto Balear de Turismo, Raimundo Alabern.

El domicilio de Torres fue registrado también ayer por la Policía, así como las oficinas de otras tres empresas vinculadas a Nóos. El colaborador de Iñaki Urdangarín declaró el pasado julio, tras ser citado como imputado, que los 2,3 millones se destinaron en su totalidad a la organización de los eventos.

Por su parte, el grupo de Compromís en las Cortes valencianas aprovechó para resucitar su denuncia de que Nóos cobró de la Administración autonómica 382.000 euros «por no hacer absolutamente nada», al tiempo que se ofreció a facilitar a Anticorrupción toda la documentación de que dispone sobre la actividad del instituto en Valencia.