El Gobierno subvenciona un estudio para equiparar a presos comunes y de ETA

El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes con el fin de favorecer «un clima de paz social». El Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirige Cristina Garmendia, ha subvencionado un plan de investigación bajo el título '¿Qué puede aportar el Derecho Penal para el final del terrorismo de ETA?' que ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

El equipo de trabajo y sus colaboradores, según avanzó ayer Europa Press, tiene un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Su coordinador, Antonio Cuerda, reconoció ayer que el comunicado de cese definitivo de la violencia de ETA obligará a «trabajar más rápido» a los expertos.

«Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad», explicó el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.

La máxima que ha inspirado este proyecto se sustancia en conceder las mismas medidas -«ni más perjudiciales ni más beneficiosas»- al colectivo de reclusos etarras. «El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza. Habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo», explicó.

La violencia perpetrada por ETA durante más de cuatro décadas ha llevado a otorgar medidas más restrictivas de derechos fundamentales para los condenados por terrorismo así como a endurecer el Código Penal en este tipo de delitos, por lo que una disolución de la banda tendría que ir acompañado también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia. Así lo piensa Cuerda, convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción de los presos de ETA y el logro de la «pacificación social». «Son delincuentes, eso no lo discutimos, han matado y han asesinado pero tendrían que recibir el mismo trato, no hay motivos para beneficiarles ni para perjudicarles», defiende.