El Gobierno vasco renuncia a edificar 2.000 pisos de alquiler y movilizará más vivienda vacía

La falta de crédito de las cajas de ahorro y los bancos ha obligado al Gobierno vasco a plantearse la primera modificación del plan director de vivienda 2010-2013, que es la hoja de ruta de la Administración autónoma en esa materia. Apenas diez meses después de haber aprobado el documento, y «con el fin de adaptarse a la realidad del mercado», el Departamento de Vivienda ha rebajado los objetivos que se había marcado para los alojamientos dotacionales, denominación que reciben los pisos de alquiler social edificados sobre un suelo inicialmente previsto para equipamientos públicos (bibliotecas, polideportivos). Si la consejería de Arriola tenía intención de construir 3.500 viviendas de esas características entre 2010 y 2013, ahora se conforma con 1.500; es decir, menos de la mitad. El 'hueco' que dejan los 2.000 inmuebles restantes se cubrirá con una solución más económica: movilizar 2.000 pisos vacíos hacia el arrendamiento público.

De ese paquete de inmuebles desocupados, un millar se gestionará a través del programa Bizigune, en virtud del cual el Gobierno vasco alquila una vivienda a un particular por un precio no superior a 600 euros mensuales; a continuación, aloja en él a un inquilino apuntado en las listas de Etxebide y le cobra una renta inferior al 30% de sus ingresos, los cuales a día de hoy no pueden superar los 25.000 euros anuales. En principio, el plan director planteaba que Bizigune movilizara 5.000 pisos en 2013 (actualmente llega a unos 4.700). Sin embargo, la consejería de Arriola pretende elevar el listón a 6.000.

Los otros mil pisos vacíos que el Ejecutivo autónomo añadirá al plan director se canalizarán a través del nuevo programa de intermediación entre caseros e inquilinos que se pondrá en marcha a finales de año. Esa iniciativa consiste en que el Gobierno vasco pagará un seguro para cubrir desperfectos e impagos a los propietarios de pisos que los pongan en alquiler, siempre que acepten unos precios regulados que variarán en función de la importancia de los municipios (hasta 650 euros mensuales, en las poblaciones más caras, y hasta 400, en las más baratas).

Ciudadanos sin crédito

La diferencia de la intermediación respecto a Bizigune, además de ser mucho más barata, es que contempla la colaboración de los agentes inmobiliarios y estará abierto a ciudadanos de las listas de Etxebide con ingresos más altos (hasta 39.000 euros anuales). De ese modo se pretende dar una salida a amplios sectores de población que se han quedado sin acceso al crédito para comprar viviendas. Si la meta inicial era utilizar el incentivo de las pólizas para captar hasta 2.000 inmuebles en 2013, esa cifra se eleva ahora a 3.000.

El drástico recorte sufrido por los alojamientos dotacionales, y la idea de compensarlo con el alquiler de más pisos vacíos, son después de todo una alternativa 'sostenible' que defienden muchos economistas y urbanistas (construir menos y aprovechar mejor el parque residencial existente). Sin embargo, la Administración vasca la va a potenciar no por el argumento de la racionalidad, sino a causa de la crisis económica y de la sequía total de préstamos para edificar nuevas promociones; y especialmente si son de arrendamiento, circunstancia que le ha obligado a ofrecer fórmulas de colaboración a fondos de pensiones e inversión europeos.

Las entidades financieras y, en particular, las cajas vascas -que están sometidas a la vigilancia de las agencias de calificación, se encuentran en fase de reestructuración y tienen los mercados de dinero cerrados- consideran que ya han asumido excesivos riesgos crediticios con el alquiler social durante los años de bonanza económica (prestaron un total de 130 millones a la sociedad pública de alquiler Alokabide). Mientras no lo reduzcan han restringido los créditos a las promociones de vivienda protegida en Euskadi.

Como esa situación no tiene visos de cambiar, al Departamento de Vivienda no le ha quedado más remedio que apostar por los pisos desocupados, o dicho de otra manera, «por las opciones más viables a corto plazo que puedan dar respuesta a las personas con mayores dificultades de acceso a un alojamiento en la difícil coyuntura actual». Ese cambio de política supondrá una inyección económica en el presupuesto de Bizigune, que supera los 20 millones de euros anuales y al que se sumarán otros 16 millones en dos años. También aumentará, pero en mucha menor medida, el coste de la intermediación de alquiler, situado en algo más de un millón de euros para las 2.000 viviendas iniciales.