Izaguirre repite como fiscal jefe en Álava con el apoyo casi unánime del Consejo

El Consejo Fiscal decidió ayer por casi unanimidad -11 de los 12 votos- que Josu Izaguirre repita mandato como fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria. Se impuso a sus contrincantes Carmen Cotelo, responsable de la Fiscalía de Menores, que logró el otro sufragio, y a Manuel Pedreira, fiscal de Seguridad Vial. Este abrumador apoyo no dejó indiferente al progresista Izaguirre (San Sebastián, 1964), que reconoció a EL CORREO su satisfacción «porque es una revisión a mi trabajo y significa un reconocimiento a que lo he hecho bien».

Cinco años separan estas declaraciones de las que realizó en la toma de posesión de su cargo en octubre de 2006. Entonces, delante de fiscales, jueces, abogados y políticos, en momentos muy complicados por la amenaza de ETA, abogó por la llegada de la paz. Hoy, este hombre de leyes, euskaldun, padre de dos hijos, doctor en Derecho por la UPV y especialista en Derecho Cooperativo, sigue aguardando esperanzado el fin de la banda terrorista. «Aún no hemos llegado al final del camino, pero no reconocer que estamos mejor sería no ver la realidad», dijo.

Izaguirre se plantea como prioridades la lucha contra la violencia de género, la reducción de la alta siniestralidad laboral y el apoyo a los colectivos más desfavorecidos, como el de los menores inmigrantes. Asegura que en estos ámbitos Álava ha avanzado: «Ahí están las memorias, se ha mejorado en eficacia. La violencia de género se ha estancado y eso no ocurre con otros fenómenos delictivos».

Un profesional «implacable»

El reelegido máximo responsable del Ministerio Público cree que para finales de año se incorporará un nuevo profesional a un equipo que ahora integran 12 fiscales; cuando llegó eran 11. De esta manera, la Fiscalía podrá «profundizar» en la especialización y abordar delitos nuevos, como los informáticos. Su reto: «Más eficacia y adaptar nuestro trabajo a la realidad social».

Cuando desembarcó en Álava procedente de Lugo aseguró que cogía las riendas de la Fiscalía con «ganas de trabajar» y con el reto de fomentar una política de «puertas abiertas». Y en este lustro ha hecho gala de una gran actividad. Nunca en el Palacio de Justicia de Vitoria se habían abordado en tan poco tiempo tantos casos de relevancia y menos aún con conocidos políticos imputados de por medio. Izaguirre ya había demostrado en Galicia, donde denunció, sin éxito, al expresidente de la Diputación lucense y correligionario de Manuel Fraga, Francisco Chaparro, por presunta malversación, que ante indicios de delito no hace distinción por cuestión de cargo o rango. Es «implacable», según sus colaboradores.

Además de casos como el supuesto fraude de Iruña-Veleia, ha abordado importantes asuntos relacionados con cuestiones urbanísticas. Imputó en Vitoria al exconcejal de Urbanismo del PP Jorge Ibarrondo y al director del departamento Antón Sáenz de Santamaría por presuntas irregularidades en sendas promociones de chalés, de la que salieron absueltos; inició un procedimiento, luego sobreseído, contra el responsable de Ensanche 21, Alfredo Piris, por la venta de suelos en Zurbano; y actuó contra dos exalcaldes de Laguardia por el proyecto de campo de golf.

Estas actuaciones merecieron agrios reproches de los populares alaveses, que llegaron a cuestionar su independencia, y a las que el fiscal jefe respondió con indiferencia. «No hago caso de las críticas que vienen de los políticos; tampoco de sus alabanzas», indicó en su día. Ayer admitió que volvería actuar de igual manera. «Un fiscal no elige lo que quiere hacer; le toca lo que le toca y debe apechugar con el mismo ahínco y dedicación que con cualquier otro tema», indicó. «Evidentemente habré cometido errores, pero lo que se hizo en su momento fue con la máxima profesionalidad y con un estudio muy profundo y escrupuloso de los procedimientos», zanjó.

En la actualidad, investiga junto al juez Roberto Ramos el denominado 'caso De Miguel', una presunta trama de corrupción urbanística y de espionaje con una veintena de personas imputadas, entre ellas relevantes excargos del PNV alavés. Este procedimiento pudo condicionar su carrera hacia la jefatura de la Fiscalía vasca. Fuentes judiciales aseguran que Sabin Etxea trasladó su disconformidad con su posible nombramiento ante altas instancias del Estado. Le ganó la partida el también progresista y guipuzcoano Juan Galparsoro, el mismo que ahora ha firmado un informe favorable a su reelección.