España limitará el déficit en la Constitución

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han acordado realizar la segunda reforma que sufrirá la Constitución española en sus 33 años de existencia para introducir un límite al déficit público de obligado cumplimiento. Los equipos de los dos grandes partidos negocian ya la redacción de la regla constitucional con la que se garantizará a medio y largo plazo la estabilidad de los presupuestos de todas las administraciones, que tendrán un tope de gasto para evitar el incremento de su endeudamiento.

Tanto el PSOE como el PP prevén que las negociaciones terminen esta misma semana y que la reforma se complete y entre en vigor en septiembre, antes de que el 27 sean disueltas las Cortes con la convocatoria de las elecciones generales para el 20 de noviembre.

No necesitan a nadie. Ambos partidos suman más de los tres quintos de los escaños de las cámaras necesarios para aprobar la reforma, rechazada por los grupos de izquierda. CiU no se decidirá hasta conocer la letra pequeña porque hay discrepancias en la coalición y el PNV es partidario del déficit cero, pero no de constitucionalizarlo.

Los detalles de la regla aún se desconocen, pero se sabe que limitará el porcentaje de déficit y de deuda con un listón «muy cercano al cero», que vinculará a Estado y comunidades autónomas, que establecerá algún tipo de flexibilidad en su ejecución para casos de recesión o desastres y que diseñará un escenario a aplicar entre 2018 y 2020. Alemania, el primero en introducir este freno en su Constitución, limita el déficit al 0,35% del PIB a partir de 2015 y lo prohíbe para sus 'lander' desde 2019. Francia, que ya prepara también su aprobación, opta sin embargo por una regla menos estricta, en la que cada Gobierno al constituirse tiene que decir en qué momento de la legislatura alcanzará el déficit cero y cómo lo hará.

El acuerdo, uno de los pocos entre ambos partidos en la legislatura que agoniza, fue desvelado por Zapatero durante la comparecencia en el Congreso para analizar la situación de la economía y para solicitar la ratificación del real-decreto aprobado el viernes con medidas para asegurar que España cumplirá su compromiso de reducir el déficit hasta el 6% del PIB en 2011. La reforma, según desvelaron los propios implicados, cuenta con el respaldo de Rajoy y del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reconoció que no dio su brazo a torcer hasta el lunes mismo, cuando le convenció el jefe del Ejecutivo.

El presidente también se ha visto obligado a cambiar de opinión y a establecer límites constitucionales al déficit público, tras un año en el que España se ha asomado varias veces al precipicio y ha visto de cerca el fantasma de un rescate como en Grecia o Portugal por los insistentes ataques a su deuda pública derivados de la desconfianza de los mercados en la capacidad española para hacer frente a sus obligaciones. De hecho, Zapatero justificó la urgencia de la medida para «reforzar» el compromiso con el proceso de unión económica europea y como «un paso relevante» y «una buena señal» para recuperar la confianza de los mercados.

Zapatero negó, pese a las acusaciones del PP, que su decisión sea «una imposición» de nadie, pero tuvo que admitir que en el cambio de postura ha pesado el «creciente consenso de las instituciones europeas» para que todos los estados del euro establezcan una limitación al déficit y a la deuda pública en sus constituciones antes del verano de 2012. Aunque no lo dijo, fue una de las condiciones fundamentales que los dos pesos pesados de la UE, Sarkozy y Merkel, pusieron en su reunión del pasado 16 de agosto para implicarse en la defensa de los estados europeos que están en el punto de mira de los especuladores y para que el BCE continuase con la compra de deuda para mantener sus primas de riesgo bajo control.

Rajoy no desaprovechó la oportunidad de restregarle a Zapatero su nuevo bandazo. Recordó que él ya propuso el límite constitucional al déficit en 2010 y que tuvo que aguantar que la cúpula del Ejecutivo, encabezada por el presidente, Rubalcaba y Elena Salgado, descalificase su propuesta en más de una docena de ocasiones e hiciesen «chanzas y gracias» con la medida por creerla innecesaria. «Creo que habría que haberlo hecho ya y las cosas nos hubieran ido mejor».

El jefe del Ejecutivo, que logró ratificar el decreto con la abstención de PP, CiU y PNV, volvió a insistir en que tomará medidas hasta el 20-N. Rajoy, con un discurso del que se ve en la Moncloa, avisó a Zapatero de que dirige un Gobierno «de tiempo tasado» y le exigió que no vuelva a aprobar ninguna medida que pueda «comprometer a otros gobiernos», como ha hecho con el adelanto del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, sin pactarla antes con él. Semejante «tropelía», dijo, es «pan para hoy y hambre para mañana y un 'el que venga detrás, que arree'».