Cajas y bancos cierran aún más el grifo de los préstamos a la vivienda protegida

El recorte de financiación que los bancos y las cajas de ahorros impusieron en 2010 a las viviendas de protección oficial (VPO) en Euskadi -los préstamos a ese mercado cayeron un 28,5% respecto a 2009- continuó a comienzos de este año y, además, se intensificó. Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, dependiente del Gobierno autónomo, entre enero y marzo pasados las entidades crediticias, incluidas las cuatro principales cajas vascas (BBK, Kutxa, Vital y Laboral), solo concedieron 28,7 millones de euros en la comunidad autónoma para edificar pisos protegidos en propiedad y en alquiler, así como para la adquisición de VPO y la rehabilitación de inmuebles (sobre todo, elementos comunes y ascensores). Tal cantidad representa un 55,6% menos que lo prestado en el mismo periodo de 2010 (64,7 millones).

A la vista de esas cifras, la conclusión es que el convenio negociado por el Ejecutivo autónomo con el sector bancario para regular los préstamos a las VPO -un acuerdo aún sin firmar que eleva los tipos de interés preferenciales para promotores y compradores- fracasó en su primer intento de desatascar el grifo del crédito. Sirva de ejemplo que, en febrero, no se contabilizó una sola hipoteca para adquirir VPO en el País Vasco (al menos, en el marco del pacto financiero, presentado a los medios de comunicación). Y en marzo solo se registró una en Álava y ninguna en Vizcaya y Guipúzcoa. Fue en enero cuando se formalizaron diez préstamos en Álava, dos en Vizcaya y tres en Guipúzcoa. En cambio, durante los tres primeros meses de 2010 se efectuaron 377 operaciones en todo Euskadi.

Ya a finales del pasado año, el Departamento de Vivienda reconoció que cuatro de cada diez personas que obtenían un piso en los sorteos de Etxebide -en promociones de la sociedad pública Visesa- tenían que renunciar al inmueble, entre otros motivos, porque no les daban un préstamo. Cuando ocurren esas situaciones, las VPO acaban vendiéndose con más de trabajo administrativo ya que hay que buscar sustitutos tirando de la lista de aspirantes. Sin embargo, en la consejería de Iñaki Arriola ya indicaron el año pasado que tenían que intervenir en numerosas ocasiones para que las sucursales bancarias aprobaran los créditos a los adjudicatarios de Etxebide, «y no siempre con éxito».

Lo cierto es que en el arranque de 2011 el crédito 'protegido' ha acentuado la tendencia a la baja, de forma paralela al ajuste del sector inmobiliario, que no es tan intenso en Euskadi como en otras zonas de España, pero que es vigilado por las agencias de calificación que evalúan la solvencia del sector financiero. En un contexto de aversión al 'ladrillo', y con un 'stock' de pisos nuevos sin vender que oscila en Euskadi entre 2.100, 15.000 y 22.000, según las fuentes, el Gobierno vasco se encuentra con que los promotores públicos y privados de VPO, así como los compradores, obtienen financiación a cuentagotas o no la reciben, como ya ocurría en el mercado libre. Al mismo tiempo, los proyectos para edificar alquiler social encuentran más dificultades tras la salida de BBK, Kutxa, Vital y Laboral de Alokabide, un organismo en el que también participaba el Gobierno vasco y que hasta marzo pasado impulsaba el arrendamiento.

Normalización

De todos modos, el Departamento de Vivienda confía en que el panorama se normalice «a lo largo del año». Su pronóstico se basa en que las cajas vascas han asegurado que los préstamos empezaron a recuperarse de forma significativa en abril pasado, aunque ese cambio todavía no se ha reflejado en las estadísticas oficiales. Eso sí, las entidades financieras están molestas porque la Administración autónoma se ha marcado como meta que el mercado protegido, incluido la compra de suelo, reciba casi 440 millones de euros en créditos durante 2011 (según el plan director de vivienda 2010-2013). Y es que en el ejercicio anterior se propuso llegar a 500 millones -lo anunció en una rueda de prensa que contó con la presencia de una veintena de bancos y cajas- y al final se concedieron 328,7.

La evolución de la economía y la reestructuración de las cajas alteran cualquier previsión. Por ejemplo, tras haber pactado el convenio financiero de 2011, la consejería de Iñaki Arriola se propone cambiar, reforzándolas, las garantías de recompra de las VPO por parte de la Administración vasca cuando el propietario no pueda pagar la hipoteca, una opción incluida en el convenio vigente con cajas y bancos, pero que ahora sólo es aplicable hasta un límite. De ese modo trata de vencer las pegas que las sucursales bancarias les ponen a los adjudicatarios de Etxebide.

El Gobierno autónomo también confía en que la eventual intervención del Banco Europeo de Inversiones en los proyectos de alquiler en Euskadi sea una cobertura suficiente para que las cajas se sumen a ellos. Igualmente, cree que esas entidades «sentirán menos presión» cuando se anuncie el acuerdo con inversores privados para construir un volumen sustancial de viviendas de arrendamiento. «Eso liberará riesgo», resumieron en el Ejecutivo autónomo.