Posponen el cobro de rescates hasta después del verano

El Departamento vasco de Interior no podrá ejecutar el cobro de los rescates a los deportistas y excursionistas imprudentes hasta después del verano. El retraso en la tramitación parlamentaria impedirá que la reforma de la Ley de Tasas y Precios Públicos, que incluye este polémico canon, pueda entrar en vigor este mes de junio, como estaba previsto, y en su lugar se retrasará hasta pasado el periodo estival, previsiblemente en octubre.

El texto se encuentra en la actualidad en la fase de tramitación parlamentaria, después de que el Consejo de Gobierno lo ratificara el pasado 8 de marzo. Sin embargo, varias cuestiones provocaron la suspensión momentánea del proceso. Por una parte, el grupo parlamentario del PNV solicitó una serie de documentos complementarios, así como una ampliación del plazo para la presentación de enmiendas. Aralar, de otro lado, reclamó que se remitieran todos los informes «en las dos lenguas oficiales» y no solo en castellano.

En principio, el viernes 17 de junio finaliza el plazo para la presentación de enmiendas, que serán estudiadas por la Mesa del Parlamento el martes siguiente, antes de pasar a la correspondiente comisión. Por tanto, teniendo en cuenta que la actividad parlamentaria concluye el 1 de julio, no hay tiempo material de trasladar a pleno la propuesta de reforma antes del verano.

Los responsables de Interior ya trabajan con la hipótesis de comenzar a aplicar la nueva tasa en octubre. Otra cosa será cuándo se lleve a la práctica: en Cataluña, que aprobó esta medida en octubre de 2009, los primeros cobros por imprudencia no se ejecutaron hasta el pasado mes de marzo. Se trata de cuatro jóvenes que, tras una noche de fiesta, cruzaron un río para eludir un control policial y tuvieron que ser rescatados, y un esquiador que se adentró fuera de pista pese a que había alerta por aludes.

Precisamente, el Gobierno vasco quiere poner coto a conductas negligentes como éstas y a los abusos en las llamada de socorro que se producen con demasiada frecuencia. La Federación Vasca de Montaña ya ha anunciado que presentará una enmienda en contra del texto, que se sumará a la que ya ha introducido en el registro del Parlamento la Unión de Espeleólogos Vascos (UEV). A su juicio, para «castigar determinadas conductas imprudentes se está penalizando a todo el colectivo de montañeros», que podrían enfrentarse a una subida en la licencia federativa si las compañías de seguros comienzan a tener que asumir el pago de los rescates.

En cualquier caso, el número de personas rescatadas por los servicios de emergencia mientras practicaban la escalada o la espeleología es irrisorio: tan solo siete desde 2009 (cinco montañeros y dos espeleólogos) frente a un total de medio millar de actuaciones, según consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Interior, Rodolfo Ares, a Aralar. Por el contrario, son los senderistas los que protagonizan la mayor parte de las intervenciones (63% de los rescates y 77% de las búsquedas), seguidos de los aficionados a la mountain-bike o los seteros. La media de operativos de rescate en montaña rondan las 140 al año -casi uno cada 2,5 días- con un costo para la Administración de casi 3 millones de euros anuales.