Jueces del Supremo dudan del Gobierno

Un sector del Supremo está 'de uñas' con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados del ala más conservadora del alto tribunal dudan de la voluntad del Ejecutivo a la hora de anular, primero, a Sortu y, en la actualidad, a Bildu. En su opinión, el Gabinete socialista «podría haber hecho algo más» por vía judicial para intentar bloquear a quienes Guardia Civil y Policía consideran «el 'plan A' y el 'Plan B' de Batasuna» para sortear su ilegalización.

Las críticas de este colectivo apuntan, sobre todo, al trabajo de la Abogacía del Estado los últimos meses. Califican de «ridículo» el recurso que los servicios jurídicos que dependen directamente del Gobierno presentaron contra Sortu y ven «floja» la impugnación contra Bildu. En su opinión, la institución que dirige Joaquín de Fuentes Bardají apenas ha aportado «pruebas de peso» contra ambas formaciones políticas y ha basado sus escritos en «apelaciones emotivas» con las que «agradar» a la opinión pública, en vez de ofrecer a la Sala del 61 argumentos «en lo jurídico» a los que se pudieran aferrar los 16 magistrados que deben aplicar la ley de partidos.

Recuerdan, además, que en el proceso contra la coalición que integran EA, Alternatiba e independientes cercanos a la izquierda abertzale tradicional, la Abogacía ni siquiera agotó los plazos para presentar sus impugnaciones y que lo hizo rápidamente en las primeras horas que era posible. «Como si quisieran cumplir un trámite pero nada más», advierten las fuentes consultadas. Quienes así opinan dejan fuera de su denuncia a las Fuerzas de Seguridad del Estado -de quienes, dicen, han hecho «lo que han podido»- y, en menor medida, a la Fiscalía -que, reconocen, ha llevado el peso judicial de la impugnación en ambos casos y que apuró los márgenes para llevar su escrito ante la Sala del 61-.

Según la tesis de este colectivo, la actuación de la Abogacía ha lanzado un mensaje a la bancada progresista del Supremo: «el Gobierno no está del todo convencido de que Sortu y Bildu sean lo mismo que Batasuna, hagan ustedes su trabajo». Una actitud que, insisten, contrastaría con las declaraciones que en público han realizado el presidente Zapatero y, sobre todo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que han insistido en las últimas semanas en vincular a Bildu con la «estrategia de ETA». Para este sector de la magistratura, la «dureza» del Ejecutivo ante los medios de comunicación pretendía frenar el ímpetu del PP, que desde el principio ha exigido anular a Sortu y cerrar el paso a Bildu porque, en opinión del partido de Mariano Rajoy, «EA se ha plegado a los intereses de ETA/Batasuna».

Algunos jueces recuerdan, en este sentido, que los primeros pronunciamientos de Rubalcaba aludían a una impugnación «sólo» de aquellas listas que estuvieran «claramente» contaminadas por candidatos de la izquierda radical ilegalizada. Finalmente, el ministro pactó con Federico Trillo, portavoz de los populares en la comisión de seguimiento para el cumplimiento de la ley de partidos, llevar al Supremo todas las candidaturas. Un gesto que, insisten desde la judicatura, también pretendería calmar al partido de la oposición.

El ala conservadora del tribunal sostiene que en todos los procesos que antecedieron al de ANV ahora hace cuatro años, los diferentes Ejecutivos -presididos por Aznar y Zapatero- habían sido mucho más nítidos al relacionar «sin ambages» a las diferentes marcas de Batasuna «con ETA y sus estructuras». Y, ante esa contundencia, los magistrados accedían a firmar resoluciones por unanimidad, aunque algunos no estuvieran convencidos de lo acertado de la decisión. «Algunos se tapaban la nariz y tiraban hacia delante aunque tuvieran dudas. Veían que tenía sentido en la lucha antiterrorista», confiesa un magistrado conocedor de esas deliberaciones.

En el Supremo comienza a extenderse la idea de que la gran mayoría, si no todas, de las listas de Bildu serán aceptadas. La Sala del 61 retoma a las diez de la mañana de hoy el debate, después de haber prorrogado un día el plazo para que la coalición presentase nuevas alegaciones a los recursos de Abogacía y Fiscalía. El tribunal trata así de rodear de la máxima legitimidad posible el dictamen que debería hacer público antes de la medianoche de hoy. EA denunció el viernes que no había tiempo suficiente para elaborar su escrito de respuesta a las demandas, por lo que sentía que podía haber sufrido cierta «indefensión».

Ponente favorable a Sortu

La teoría ha cobrado mayor peso tras conocerse que el auto sobre Bildu lo redactará el magistrado Manuel Ramón Alarcón. El juez, del sector progresista, fue uno de los primeros en anunciar que no estaba de acuerdo con que se impidiera a Sortu inscribirse en el registro de partidos. Junto a otros seis compañeros firmó un voto particular discrepante ante el dictamen que habían suscrito los otros nueve miembros de la Sala del 61. La creencia extendida es que Alarcón, como los otros seis jueces discrepantes, repetirán posicionamiento y no se descarta que algún compañero más se les sume. Todas las miradas apuntan a Xavier O'Callaghan, el juez más antiguo de la Sala de lo Civil, que se perdió por estar de baja el debate sobre Sortu y fue sustituido por un juez conservador. Aunque a O'Callaghan se le considera del ala moderada, se le ve más próximo a los progresistas.

De aceptar de forma parcial el recurso de Fiscalía y Abogacía y sólo echar para atrás a aquellas listas «claramente contaminadas -posibilidad que ya avanzó este periódico el pasado miércoles-, fuentes del Supremo sostienen que la bancada progresista podría ganar a algún otro de los juristas que se expresaron contrarios a Sortu durante el proceso del mes de marzo. La mayor duda que sobrevuela sobre el alto tribunal madrileño es cómo cerrar las puertas de las instituciones a una coalición en la que está EA, partido de larga trayectoria democrática y que ha repudiado los asesinatos de ETA.

Precisamente, el sector judicial más cercano al PSOE cree que las acusaciones de los jueces conservadores contra el Gobierno obedecen a su malestar ante el temor de quedar en minoría y que se acepten las candidaturas de Bildu.