Maroto exigirá 5 años en el padrón para poder cobrar ayudas sociales

Vitoria ha pasado de ser un referente nacional en ayudas sociales a «un destino para cualquier persona de fuera de la ciudad que esté sufriendo penurias económicas», afirmó ayer el candidato del PP a la Alcaldía, Javier Maroto. Con el objeto de «frenar el 'efecto llamada'», su partido introducirá en la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social, que ahora se debate en el Parlamento vasco, una iniciativa en la que se exigen 5 años de empadronamiento para poder cobrar las ayudas en lugar de los seis meses actuales.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del presidente autonómico de su partido, Antonio Basagoiti, se trasladará a la Cámara antes del próximo 5 de mayo. En su afán por vigilar con lupa la concesión de prestaciones, Maroto también propondrá comprobar que los datos del padrón coincidan con la residencia efectiva del perceptor, ya que existen «innumerables» casos en los que los solicitantes se inscriben pero no vuelven a la ciudad hasta que acumulan los seis meses.

A juicio de Maroto, «el sistema de ayudas sociales en Vitoria ha dejado de ser efectivo. En los años 80 pudo dar un resultado sobresaliente, pero ahora es deficiente». Una conclusión a la que ha llegado tras conocer casos documentados de «gente que comete robos y cobra 900 euros al mes». El PP también ha contactado con asociaciones de inmigrantes donde constatan la existencia del 'efecto llamada', por el que extranjeros de Sevilla, Málaga o Barcelona, por ejemplo, se trasladan a la capital alavesa.

Maroto advirtió, asimismo, que los requisitos actuales permiten hacer «varias trampas» para conseguir embolsarse las subvenciones. La iniciativa se enmarca en la batería de medidas presentadas en las últimas semanas, como la creación de 'inspectores de fraude' y el endurecimiento de las sanciones por cometer irregularidades. Todo ello persigue dos metas: «más rigor en el acceso a las prestaciones y que se cumplan los requisitos».

El modelo actual, para Maroto, «ha derivado en una importante bolsa de fraude» a la que «hay que poner un límite», ya que, de seguir así, el sistema no va a dar abasto.

De baja del padrón

No lo comparte el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, quien recordó que el Ayuntamiento dio de baja del padrón a 1.300 inmigrantes como una de las medidas contra estas malas prácticas. Además del teléfono contra el fraude, que ya ha recibido «142 llamadas destapando 11 casos a los que se les ha retirado la ayuda».

El edil socialista recalcó que el Consistorio ha destinado 1,5 millones a ayudas sociales en 2011 y añadió que la presión migratoria en Álava es inferior a la de otras provincias, lo que «no concuerda con el 'efecto llamada'».