Vivienda busca fondos para el alquiler

«La cruda realidad» es la frase que acostumbra a utilizar el consejero Iñaki Arriola cuando tiene que explicar la política de su departamento en los dos últimos años. Esa idea presidió ayer su intervención en el pleno monográfico de Vivienda celebrado en el Parlamento vasco, una sesión en la que admitió que el objetivo de iniciar 8.100 pisos de alquiler entre 2010 y 2013 -contemplado en el plan director del Gobierno vasco- «se ve seriamente dificultado» porque la Administración autónoma no puede impulsarlos «con su exclusiva dotación presupuestaria».

Arriola recordó que, de partida, la crisis de la deuda pública ha impedido al Ejecutivo autónomo cumplir casi el 20% de sus planes, que consistían en edificar, ya durante el pasado año, 1.600 viviendas de arrendamiento social a través de acuerdo que estaba prácticamente cerrado con varios inversores privados. Esos grupos iban a construir los inmuebles para que el Gobierno vasco alojara en ellos a inquilinos de bajos ingresos apuntados en el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide). A cambio, los inversores obtendrían una rentabilidad anual durante 30 años, al término de los cuales los pisos pasarían a engrosar el parque público de pisos de Euskadi. «De ese modo», indicó el consejero de Vivienda, «era posible abordar operaciones sin desembolso inicial y con un compromiso de gasto dilatado en el tiempo».

Sin embargo, la ministra Elena Salgado, acuciada por la presión de la Unión Europea -y de Alemania en particular- sobre la deuda pública y privada de España, echó por tierra los planes del Gobierno vasco. La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, modificó los criterios para computar la deuda pública, de tal manera que ahora las administraciones públicas, cuando se plantean poner en marcha un proyecto a varios años vista, no pueden repartir la financiación necesaria en los ejercicios venideros, sino que deben apuntar el total en el debe desde el principio.

Con esa manera de contar, los planes del Ejecutivo vasco para promover los pisos de alquiler -y posiblemente muchas otras iniciativas de carácter social- rebasan su capacidad para endeudarse. Por ese motivo, Iñaki Arriola se ha tenido que replantear sus programas e intenta rebañar dinero allí donde puede para destinarlo al arrendamiento protegido.

A por los morosos

Ha empezado a notificar a los morosos de los pisos sociales -algunos no pagaban la cuota de la hipoteca o del alquiler desde hace más de 20 años- que se pongan al día bajo la amenaza de ir a la calle. Asimismo, espera recaudar 34 millones de euros con la venta de los derechos de superficie de las viviendas de protección oficial (VPO) anteriores a 2003 -para que el titular que lo desee adquiera la propiedad permanente del inmueble y no sólo durante 75 años-. Del mismo modo, en mayo próximo sacará a la venta los derechos de superficie de las VPO posteriores a 2003, una iniciativa con la que calcula que obtendrá otros 22,5 millones de euros.

La paradoja a la que se enfrenta el Gobierno vasco es que, mientras el Parlamento de Vitoria renovó ayer la apuesta por el arrendamiento social, y cuando el 40% de los nuevos inscritos en Etxebide piden esa opción, es cuando afloran las dificultades para financiar el alquiler, una inversión que tarda mucho en amortizarse en periodos de bonanza y de crisis, aunque puede ser rentable.

Las cajas de ahorro -BBK, Vital, Kutxa y Laboral- observan el arrendamiento social con indisimulado recelo y han encarecido los préstamos para esos proyectos (euríbor más una horquilla de 2% al 3%). Por si fuera poco se han marchado de Alokabide, una sociedad que gestionaba casi 2.500 pisos de alquiler público y en la que habían invertido 88 millones de euros entre 2004 y 2010. El Gobierno vasco les ha comprado su 50% por 4,7 millones, pero ahora tiene que ponerse en la cola de clientes que piden préstamos, en su caso, para promociones de alquiler. Entre tanto, en Alemania, cuyo Gobierno vigila con lupa la deuda de la banca española, el 57% del parque de vivienda es de alquiler (51% privado y 6% social).