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MAIKA SALGUERO
Viernes, 8 de abril 2011, 04:41
La izquierda abertzale de Busturialdea ha denunciado «la falta de previsión» económica en las obras de saneamiento integral de la margen derecha de Urdaibai que lleva a cabo el Consorcio de Aguas. A su juicio, la entidad comarcal realiza constantes modificaciones millonarias en el proyecto. «El desembolso previsto inicialmente era de 35 millones de euros y hoy ya supera los 70. Podemos aceptar que en una obra tan compleja puedan aparecer imprevistos que conlleven una desviación del 10% dentro de los límites de la Ley, pero cuando los desfases y las irregularidades son tan importantes algo se ha hecho mal», afirmaron.
De hecho, el presidente del Consorcio, Igor Duñabeitia, reconoció el pasado mes de enero que el coste global de los trabajos ascenderá finalmente a 74 millones de euros, 39 más de los previstos en un principio en el convenio firmado en 2003 con el Gobierno vasco. Para solventar este importante problema de financiación, los gestores del Consorcio plantean la firma de un nuevo acuerdo plurianual con el Ejecutivo autónomo para hacer frente a las obras que restan. Las negociaciones con URA ya han comenzado.
Asimismo, la izquierda abertzale criticó también el proceso de selección desarrollado para la contratación del nuevo gerente de la entidad tras la jubilación de su predecesor el pasado año. Según la coalición estamos ante el enésimo caso de «enchufismo del PNV porque casualidades de la vida, de entre 176 candidatos los dos primeros eran militantes referentes del PNV. Resulta intolerable que una entidad pública que se responsabiliza de la gestión del agua con el dinero de todos se convierta en un 'chiringuito' de los peneuvistas», manifestaron.
En opinión de los representantes de la izquierda abertzale de la comarca, el Consorcio «necesita un cambio» porque la gestión que ha desarrollado el PNV hasta ahora ha sido «nefasta». Denunciaron, además, el «descontrol» existente en torno al agua potable debido a que «más del 40% de este recurso se echa a perder debido a captadores ilegales. Es una irresponsabilidad no dar solución a este grave problema no sólo desde el punto de vista del medio ambiente sino también por el despilfarro económico que ello supone», concluyeron.
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