Los exgestores de Miñano no declaran en el Parlamento por estar imputados

Con los capítulos del presunto caso de espionaje político y las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos atribuidas al Departamento de Cultura del anterior Gobierno vasco, la comisión de investigación del Parlamento se ha adentrado de lleno en analizar el presunto intento de soborno en el parque tecnológico de Miñano, hecho que provocó hace más de un año la detención de ocho personas, la mayoría exaltos cargos del PNV alavés. Ayer comparecieron el antiguo gerente del parque Alfonso Arriola -uno de los que fue arrestado- y el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez. Los dos se negaron a contestar a las preguntas de los parlamentarios por su calidad de imputados, al tiempo que aprovecharon para proclamar su inocencia y denunciar el 'montaje' que se ha creado.

Ambos se ciñeron a lo declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, juez que lleva más de un año investigando una presunta trama originada tras la denuncia de la abogada bilbaína Ainhoa Alberdi, quien presentó numerosas grabaciones al respecto.

Como ya es sabido, la empresa de Alberdi, Urbanorma Consulting S.L., resultó adjudicataria el 13 de noviembre de 2006 de un contrato en Miñano para gestionar la ampliación del parque. Lo consiguió a dedo, sin mediar concurso público alguno pese al volumen del contrato: un máximo de 600.000 euros, una cantidad que fluctuaría en función de los precios logrados en las compras de las parcelas -al final, se han pagado 471.043 euros-.

Urbanorma, sin embargo, fue creada apenas cinco meses antes en Bilbao por Alberdi y el constructor jeltzale Jon Iñaki Echaburu, también imputado. Y pese a todo, fue agraciada con un contrato que luego ha sido el detonante de la investigación judicial. ¿El motivo? Que Alberdi, tras marcharse su socio de la empresa en 2008, dijo haber recibido presiones del exdiputado foral Alfredo de Miguel para pagar una comisión que, según su testimonio, rondaría los «100.000 euros».

Ante el juez

Respecto a las declaraciones judiciales, ambos comparecieron ante el juez Ramos el pasado 12 de mayo -la de Arriola era la segunda vez ya que también lo hizo el día de su arresto, el 17 de marzo-. El exgerente del parque, como desveló este periódico, aseguró que «eran conscientes de que con el contrato celebrado con Urbanorma se infringía la Ley de Contratos y que de esta ilegalidad eran conscientes todos los que intervinieron en la contratación, incluido Julián Sánchez».

Por contra, Sánchez Alegría aseguró que el contrato adjudicado no tenía por qué haber sido sacado a concurso público, pero que había que haber invitado al menos a tres empresas, algo que no se hizo aunque él creía que sí. En relación a la denuncia de Alberdi, declaró que la abogada se lo comunicó en una reunión, pero que esta optó por denunciarlo a la Fiscalía un año después, en diciembre de 2009; una llamativa demora que no se explica.