La abogada que denunció el 'caso Miñano' ratifica el intento de soborno

La abogada bilbaína que denunció haber sufrido un presunto intento de soborno en el parque tecnológico de Miñano por parte de exaltos cargos del PNV alavés como el exdiputado Alfredo de Miguel o el exburukide Aitor Tellería compareció ayer ante la comisión de investigación creada en el Parlamento para dirimir las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de esta supuesta trama, investigada desde hace más de un año por la Justicia. Ainhoa Alberdi acudió a la cita, colaboró con la comisión y se ciñó de forma escrupulosa a lo ya declarado en dos ocasiones ante el juez Roberto Ramos; es decir, que le pidieron «100.000 euros» a modo de comisión ilegal por un contrato recibido en el parque a través de Urbanorma Consulting.

Se desplazó hasta Vitoria, pero no acudió al Parlamento como la gran mayoría de los convocados hasta la fecha. Declaró en dependencias de la comisaría central de la Ertzaintza, en el barrio de Lakua, con el propósito de preservar su intimidad, una petición que ella había realizado de forma expresa y que la comisión aceptó de modo excepcional pese al malestar del PNV, que pedía un trato igual para todo el mundo. ¿Por qué en Lakua? Porque también ayer estaban citados dos exmandos de la Unidad de Información de la Policía autónoma en Álava, en el marco del llamado 'caso Tellería', el presunto espionaje a políticos y empresarios que también se halla bajo investigación.

Según las fuentes consultadas, Alberdi no varió una coma lo ya declarado. Acompañada de su socia, Beatriz Vicinay, recordó que llegó a Miñano el 13 de noviembre de 2006, cinco meses después de constituir junto a Jon Iñaki Echaburu -imputado en la causa- Urbanorma Consulting, empresa que recibió a dedo el encargo de realizar la asistencia técnico-jurídica de la ampliación del parque, un trabajo que les iba a permitir ganar un máximo de 600.000 euros.

Recurso a la Audiencia

Luego, como ya es conocido, llegaron su ruptura con Echaburu y las múltiples conversaciones mantenidas con De Miguel, Tellería, el exgerente del parque Alfonso Arriola o el expresidente de la red de parques Julián Sánchez. Todas grabadas y presentadas ante el fiscal el 2 de diciembre de 2009 -las detenciones se produjeron el 17 de marzo de 2010-. Alberdi, en líneas generales, volvió a cifrar en 100.000 euros el pago exigido, que se negó y que luego el propio De Miguel le vetó en un contrato posterior del parque tecnológico. Respecto al trato que tenía con el exdiputado, si era su abogada personal antes de surgir todo este escándalo, aseguró que había trabajado para él en las sociedad públicas de la Spri en la comarca de Ayala, donde el exdiputado foral era gerente hasta 2007.

Antes de la comparecencia de Alberdi, los parlamentarios tomaron declaración a dos antiguos altos cargos de la Unidad de Información de la Ertzaintza, dos de cuyos miembros están acusados de haberse servido de información confidencial y dársela al exburukide Aitor Tellería. Precisamente ayer, los abogados de estos tres imputados presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Álava pidiendo el archivo de la causa por falta de pruebas.