El PP acusa a Hacienda y a PNV y PSE de «tapar» la denuncia del constructor

El Partido Popular acusó ayer a la Diputación y al PNV y PSE de haber «tapado» la denuncia que un constructor presentó en 2009 ante Hacienda contra la empresa que dejó en manos de sus hijos y a la que responsabiliza de manejar una 'caja b' que registraría pagos irregulares a estas dos formaciones políticas y a un ex concejal socialista de Santurtzi. El PP aseguró que ambos partidos «conocían desde hace mucho tiempo» el caso y que «no han hecho nada» para tratar de esclarecer «si verdaderamente se han producido esos graves delitos de los que se está hablando».

El presidente de los populares en Vizcaya, Antón Damborenea, no dudó en equiparar las entregas de dinero consignadas en la supuesta contabilidad sin declarar a posibles sobornos y comisiones ilegales que estarían relacionadas con la operación urbanística de Los Bolintxes, un polémico proyecto para levantar 92 viviendas de lujo y 132 apartamentos tutelados en el centro de la localidad. El plan siempre contó con la oposición del PNV -recurrió hasta en dos ocasiones a la Justicia para tratar de frenarlo- y, en su última fase, cuando se decidió cambiar el uso del solar, sólo cosechó el apoyo de los socialistas, que se quedaron solos al descolgarse su entonces socio de gobierno local, el PP.

Damborenea cree que los supuestos pagos registrados en el aporte documental que el constructor ha puesto en manos del fisco guardan relación con esta recalificación. «Es algo muy grave y los señores José Antonio Pastor (PSE) y Andoni Ortuzar (PNV) tienen que dar explicaciones de si sus partidos han recibido o no ese dinero; y si lo han recibido, quién lo ha recibido y a cambio de qué lo ha recibido».

Contundencia judicial

A su juicio, también debería salir a la palestra el diputado general, José Luis Bilbao, porque «estamos asistiendo a la denuncia de un señor por un presunto delito fiscal de varios millones de euros, denunciado desde hace dos años ante la Hacienda foral, y el fisco lo paraliza». Los populares también exigen contundencia a la Justicia. «La Fiscalía tiene que actuar de oficio, porque se están denunciando públicamente delitos fiscales, de corrupción, de prevaricación y lo que no puede ser es que las instituciones judiciales se queden mirando». En caso de que las autoridades no abran diligencias por propia iniciativa, advirtió Damborenea, el PP presentará una denuncia «por los presuntos pagos recibidos, que es lo que debería estar investigando ya el Ayuntamiento de Santurtzi».

Las declaraciones del líder popular causaron indignación en el PNV y en la Diputación, que no tardaron en emitir sendas notas públicas de réplica. En su escrito, la formación nacionalista recordó que el PP cogobernó Santurtzi con el PSE entre 2003 y 2007, cuando la operación de Los Bolintxes entraba en su fase decisiva. Y, pese a que se opusieron al último cambio de uso, «su voto positivo permitió en múltiples ocasiones la aprobación de los expedientes municipales que desarrollaban el proyecto».

En su opinión, «que el PP, socio de Ramón Vega y Javier Cruz en el gobierno municipal de Santurtzi en la época en la que se cometieron estas supuestas irregularidades, tenga la cara dura de pedirnos explicaciones, cuando nuestro grupo municipal impugnó en varias ocasiones este plan, es inaudito y muestra la baja catadura política de quien injustamente busca la paja en el ojo ajeno y es incapaz de ver la viga en el propio». «Es una desvergüenza y una tomadura de pelo», concluye.

Por su parte, la Diputación, que, según ha podido saber este diario, mantiene abierta una investigación en relación a la denuncia presentada por el constructor, negó «pasividad» en su actuación. «Las graves acusaciones vertidas por algunos partidos en este sentido son mezquinas e inapropiadas», apuntó a través de un comunicado. La institución foral recordó que todas las diligencias de Hacienda son «confidenciales, tal y como marca la ley», y que por ello no puede aportar luz al caso. «Sería sencillo tapar la boca de tanto politiquillo de infamia fácil con las evidencias que obran en nuestro poder pero que, por legalidad y responsabilidad, debemos mantener en la relación Administración-administrado y, en su caso, en el ámbito jurisdiccional».