El doble discurso del PNV con la corrupción

El jueves se cumplió un año del estallido del mayor escándalo político registrado en Álava en los últimos años y uno de los más importantes también en todo el País Vasco. El 17 de marzo de 2010 el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ordenaba el arresto de dos de los máximos responsables del PNV en el territorio, Alfredo de Miguel -entonces diputado foral y vicepresidente de la Caja Vital- y Aitor Tellería, y de otros seis militantes de esta formación, acusados de corrupción y espionaje. Los detenidos, tras prestar declaración durante varias horas, quedaron en libertad con cargos, imputados por blanqueo de dinero, tráfico de influencias y cohecho, entre otros delitos.

Doce meses después, el caso sigue abierto y la relación de encausados supera ya la quincena de personas. La Justicia prosigue sus investigaciones para tratar de desenredar la compleja madeja. Y la política busca determinar responsabilidades en dos foros: el Parlamento vasco y las Juntas Generales de Álava. Aun así, ya pueden establecerse algunas conclusiones.

Dos objetivos

El PNV se esforzó desde el primer minuto en minimizar los daños derivados del escándalo. Para ello, tanto el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, como el diputado general alavés, Xabier Agirre, dirigieron sus esfuerzos en una doble dirección. De un lado, a persuadir a la opinión pública de que, de haber algo, la responsabilidad exclusiva sería de los encausados, nunca del partido, que no sabía nada. Para ello, y aún desde el respeto a la presunción de inocencia, obligaron a los imputados a dejar sus cargos públicos e internos y, después de meses de tiras y aflojas, lograron que entregaran sus carnés, previa mediación de Joseba Egibar. El segundo gran objetivo: circunscribir lo ocurrido a Álava y evitar que las sospechas se extendieran a Vizcaya.

Solo cuando concluyan las investigaciones podrá afirmarse con rigor si el partido -que no es algo etéreo, sino que lo forman personas concretas- está o no implicado. Mientras, lo único que puede decirse es que resulta paradójico que nadie se enterara de nada pese a que muchos compartían día a día con los encausados. Lo que sí han logrado los jeltzales es su segundo objetivo: que la opinión pública, en general, piense que el escándalo es algo alavés, pese a que la principal denunciante, muchas empresas y varios cargos imputados son vizcaínos.

En el plano político-institucional, la comisión de investigación creada en el Parlamento vasco aún no ha terminado su trabajo. No lo hará hasta después de las eleccionse. La de las Juntas Generales de Álava sí tiene ya listo su informe final.

Una vez más se ha puesto de relieve las limitaciones de estos grupos de trabajo. Los partidos, en el fondo, solo creen en ellos cuando esperan sacar tajada. Resulta llamativo que, en el Legislativo alavés, los partidos se hayan apresurado a cambiar la legislación vigente para que la Hacienda foral pueda remitir a las Juntas y al Parlamento la información fiscal de las personas y empresas bajo sospecha, clave para determinar responsabilidades. Sin embargo, en Vizcaya nadie ha movido ficha. En consecuencia, ni los parlamentarios ni los junteros de otro territorio pueden disponer de la información de las personas físicas o jurídicas que tributan allí. El juez y el fiscal sí la han recibido.

Lo que el PNV no ha sido capaz es de mostrar una línea coherente entre sus actuaciones y su discurso. Iñigo Urkullu se ha esforzado tanto en defender la honrada trayectoria del PNV -cierta-, por encima de esporádicos garbanzos negros, como los grupos parlamentarios jeltzales en torpedear las comisiones de investigación y en obviar responder a las incontables sospechas que se han generado en este tiempo sobre el caso.

Permisividad social

A saber. ¿Por qué importantes cuadros del partido crean a través de sus esposas empresas que luego son contratadas por la Administración para hacer trabajos que no aparecen? ¿Por qué esos mismos cargos jeltzales apoyan con inusitado empeño iniciativas privadas que chocan con la legislación vigente de empresas que luego contratan a las firmas de sus familiares por tareas que nadie puede probar? ¿Por qué se recopilan datos privados de adversarios y empresarios? Y así un larguísimo etcétera que Sabin Etxea sigue sin responder.

Si el escándalo tendrá o no consecuencias en las urnas no se sabrá hasta el 22 de mayo. De momento, las encuestas dicen que no, o que muy poco. Por cierto, como en otras zonas de España con otras corruptelas tan y mucho más graves, tan y mucho más extendidas.