Las Juntas piden responsabilidades políticas a Agirre por el 'caso Zambrana'

La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsabilidades políticas de la Diputación alavesa en la fallida recalificación urbanística alumbrada en 2004 en Zambrana ya se ha pronunciado. Lo hizo ayer, después de una maratoniana sesión de más de cuatro horas que concluyó con la aprobación de las conclusiones definitivas referidas a tres meses de intenso trabajo.

Respaldado por una amplia mayoría, tan sólo el PNV votó en contra, el dictamen de la comisión apunta en dos direcciones. Por un lado, constata -en palabras del presidente del órgano, el popular Javier Ruiz de Arbulo- las «graves irregularidades» cometidas durante el proceso que pretendía recalificar 120 hectáreas de suelo rústico para levantar un polígono industrial en Zambrana. Por el otro, reclama responsabilidades políticas a la Diputación por su actuación en ese mismo proceso.

Tras analizar toda la información recopilada durante más de tres meses de comparecencias que buscaban arrojar luz a una presunta trama de corrupción con demasiadas sombras, los grupos junteros creen que existen evidencias suficientes para asegurar que el polémico procedimiento urbanístico «no estuvo avalado por ningún técnico, por lo que obedeció a una decisión únicamente política».

Pero aún hay más. Y es que la comisión de investigación tiene también en cuenta el recurso interpuesto por la constructora catalana Riera Urbanizer -la empresa que se iba a encargar del proyecto y que se ha visto perjudicada tras fracasar la operación- para imputar más responsabilidades al Gobierno foral, en manos del PNV. No en vano, si prospera esta apelación, advierten, las consecuencias económicas «pueden ser importantes» para la Diputación, recordó ayer la portavoz del PSE en la comisión de investigación, Cristina González.

Aprobado este documento -que a pesar de no tener trascendencia penal va a ser remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, así como al Parlamento vasco- las Juntas Generales de Álava dejan dicha su última palabra sobre un procedimiento en el que Riera Urbanizer ha invertido más de cinco millones de euros -en balde, de momento- tras recibir la promesa por parte de Sidepur, la empresa del militante del PNV vizcaíno Iosu Arruti, de recibir una sencilla y rápida recalificación de los terrenos para levantar un polígono industrial en Zambrana, un municipio de 357 habitantes situado a 30 kilómetros de Vitoria.

Millones perdidos

En este sentido, la comisión constituida en las Juntas ha sido incapaz de determinar el destino de parte del dinero gastado por la empresa catalana, pero sí concluye que sus socios han perdido millones de euros cuyo final se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto se ha dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.

El dictamen también hace especial hincapié en el rol que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente. Y en la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local, Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa. Precisamente, el jueves se cumplió un año de su detención y posterior puesta en libertad. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años.

En este sentido, los grupos junteros también han constatado que detrás de la fallida operación están «empresas y cargos públicos que tienen un nexo común, que todos pertenecen al PNV», apuntó la portavoz socialista. Un hecho que podría haber derivado en la existencia de un presunto delito de tráfico de influencias, como investiga el juez.

El PNV niega, sin embargo, este extremo. Tanto que su portavoz en la comisión de investigación, Ramiro González, defendió al término de la reunión que en las conclusiones del dictamen «no se aprecia ningún delito, ni ilegalidad, ni irregularidad» por parte de la Diputación. Por ello, y a pesar de que votaron en contra del dictamen, los jeltzales aseguraron sentirse «moderadamente satisfechos».