Sortu alega ante el Supremo que su legalización «acelerará» el final de ETA

Sortu contribuirá a la paz en Euskadi. Es la tesis con la que el abogado Iñigo Iruin pretende convencer al Tribunal Supremo de que debe autorizar la inscripción de esta nueva marca en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Representantes del bufete del letrado guipuzcoano presentaron ante la Sala del 61 su escrito de alegaciones contra los recursos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. A través de 245 folios -a los que ha tenido acceso EL CORREO-, la defensa de la nueva formación subraya que el partido supone una «ruptura» con ETA y anteriores organizaciones ilegalizadas y que mantiene una «indubitada» apuesta por los métodos «exclusivamente políticos».

En este sentido, trata de despejar las dudas de los jueces sobre sus verdaderos objetivos y sostiene que la voluntad de la nueva marca no es ser un «peligro» para el sistema democrático. Todo lo contrario. Si los magistrados permiten que se presente a las elecciones, el final del terrorismo estará más cerca, sostienen. «Los estatutos de Sortu y su legalización conducirán al fin de la violencia en el País Vasco», dicen en la página 231. Entienden que permitir que la formación conviva en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas políticas supondría «la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican (la violencia) puedan continuar con su actividad y cualquiera que sea el proceso de su desaparición es evidente que ésta se acelerará».

Porque siendo legal, advierte, Sortu se convertirá «en un agente activo de deslegitimación política e ideológica de la violencia y el terrorismo». Una actitud que, subraya, contribuirá «a que se produzca el fin de la 'lucha armada' de ETA, por cuya desaparición aboga sin duda alguna» (folio 168). Para apuntalar esta argumentación, las alegaciones van un paso más allá al afirmar que la simple presentación en sociedad de la nueva marca a principios de febrero ha convertido a este partido «en un instrumento válido y eficaz para poner fin a la violencia de manera definitiva».

El equipo de abogados se esfuerza en documentar «contraindicios» que rebatan la tesis de la Abogacía y la Fiscalía General de que la formación recién nacida está supeditada a ETA y forma parte de un plan terrorista para volver a las instituciones. El escrito advierte que Sortu «constituye una evolución propia, discrepante y enfrentada a las tesis de ETA», fruto de la «reflexión» abierta en 2007 tras la ruptura de las conversaciones que, por un lado, mantenían el Gobierno y la banda y, por el otro, «PSOE, Batasuna y PNV».

El relato de Iruin deja entrever que la detención de Arnaldo Otegi y del resto de la dirección de la izquierda radical a finales de 2009 cuando intentaban constituir la plataforma Bateragune complicó el debate interno. Los dirigentes encarcelados, advierte el texto, ya apostaban por las vías pacíficas. Al estar fuera del escenario político, Ekin -la facción más cercana a ETA- impulsó la 'ponencia Mugarri', que prefería mantener la lucha armada. Esta última propuesta fue desechada por las bases.

El derecho a «cambiar»

Además de citar jurisprudencia del propio Supremo, del Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo para apuntalar la idea de que no se puede negar a los antiguos dirigentes de Batasuna la posibilidad de cambiar e «impulsar» un nuevo partido, los abogados de Sortu hacen referencia a medio centenar de informaciones de medios de comunicación sobre las «discrepancias» que la izquierda abertzale ha mantenido con ETA en los dos últimos años, hasta desvincularse por completo. La defensa también utiliza a su favor recientes declaraciones del lehendakari, Patxi López -el domingo dijo que «Sortu no es lo mismo que ETA»-, del Ararteko, Iñigo Lamarca, y del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Y aporta como otra prueba de su «cambio» el comunicado de la pasada semana donde se rechazaba la kale borroka existente y el plan para asesinar a López.