La Ertzaintza confirma que excargos del PNV intentaron cobrar comisiones en Miñano

Un informe de 88 páginas que obra ya en manos del juez de Vitoria Roberto Ramos constata que los imputados en el conocido como 'caso Miñano' solicitaron comisiones ilegales por diferentes gestiones relacionadas con el parque tecnológico de la capital alavesa. Los investigadores de la Ertzaintza dan por confirmado un comportamiento ilícito. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, sale a la luz apenas unos días antes de que el próximo jueves 17 se cumpla un año desde que estallara el escándalo que ha puesto contra las cuerdas a la dirección del PNV en Álava.

Aquel día de 2010 ocho personas vinculadas al partido nacionalista acabaron en los calabozos del Palacio de Justicia de Vitoria. Entre ellos, el entonces diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, el burukide Aitor Tellería, el gerente del parque tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola, y el exburukide Koldo Otxandiano. Una larga jornada que terminó con la puesta en libertad con cargos de todos ellos y con el inicio de una prolija instrucción judicial que no cesa.

A la espera de que la Unidad de Delitos Económicos haga un análisis más pormenorizado de la confusa madeja de empresas investigadas, el documento policial trata casi en exclusiva del parque de Miñano y el supuesto intento de soborno denunciado el 2 de diciembre de 2009 por la abogada bilbaína Ainhoa Alberdi, quien aportó numerosas grabaciones sobre el asunto. Los autores del informe confirman el intento de cobro de sobornos y apuntan a De Miguel como el cerebro de la contabilidad de un enjambre de compañías creadas en una misma notaria de Amurrio.

Los hechos se remontan a finales de mayo de 2006, cuando la denunciante del caso y otro de los imputados en la trama, el jeltzale Jon Iñaki Echaburu, constituyeron Urbanorma Consulting S.L. en Bilbao. La firma, pese a su escasa trayectoria, recibió el encargo cinco meses después de llevar la asistencia técnico-jurídica de la ampliación del parque tecnológico. El contrato, adjudicado a dedo, le permitiría ganar un máximo de 600.000 euros.

Todo transcurrió con normalidad hasta que a finales de 2007 y a raíz de los problemas económicos que atravesaban las empresas de Echaburu -sobre todo Construcciones Loizate-, Alberdi decidió comprar a su socio su parte en Urbanorma. Según consta en el informe de la Ertzaintza, De Miguel, le recordó entonces que Loizate tenía una deuda de 33.870 euros con Kataia Consulting, empresa matriz de la investigación considerada una presunta tapadera fiscal y que es propiedad del exdiputado, de Tellería, de Otxandiano, y de sus respectivas esposas, también imputadas.

Ya en febrero de 2008, en una reunión celebrada en el parque, Arriola y Tellería habían mostrado «mucho interés» en la situación económica de Urbanorma. El 3 de diciembre de ese año, De Miguel, en su despacho oficial de la Diputación, le dijo a la denunciante: «supongo que sabrás que hay que pasar por caja». A partir de aquí comienza un cruce de correos electrónicos recogidos por la Ertzaintza.

Seis días después, el 9 de diciembre, el exdiputado le remite el siguiente mensaje: «lo nuestro lo dejamos en 100, ni una cosa ni otra». Alberdi mueve ficha y decide convocar reuniones para grabarles e intentar pillarles in fraganti.

«No se entiende»

En una de ellas -que se reproduce en la información de la página a la derecha-, Echaburu «reconoce la existencia de dichas comisiones, pero afirma que se trata de una cantidad sin precisar a pagar a quienes él llama interlocutores». Ante la pregunta de «si los mismos eran Txitxo (De Miguel), Alfonso (Arriola) y Pablo (Larrabide, empleado de Ipar Kutxa, representante de los afectados en la operación)», Echaburu, como dice el escrito policial, «no da una respuesta concreta» y asegura que la denunciante «estaba al tanto», algo que ella niega de forma tajante.

Otro hecho significativo es la cita que Alberdi organizó en su despacho de Bilbao con De Miguel y Tellería. La abogada decidió grabar el encuentro, aunque los agentes judiciales que han escuchado las cintas no han conseguido descifrar toda la conversación. «No se entiende», explican en varios tramos de la transcripción.

Las partes que sí se escuchan con nitidez han dado pie a la Ertzaintza para llegar a la conclusión de que «ambos» dejaban claro «que la totalidad del precio del contrato se repartía en tres partes: una de ellas era la que ellos recaudaban, la otra para la compareciente (Alberdi) y la última para el señor Echaburu. Incluso afirman que Urbanorma se constituyó exclusivamente para tomar parte en el concurso adjudicado». En otro momento, De Miguel y Tellería le comentan a la abogada si «había pensado que las adjudicaciones eran barra libre».

Los dos exburukides intentarían días más tarde presionar al padre de Alberdi, un destacado militante del PNV en Bilbao. La letrada acababa de denunciar el comportamiento de De Miguel y Tellería al presidente de la red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez -también imputado-. Al progenitor de Alberdi le recuerdan que su hija les debe en torno a «20 millones de pesetas». Los tres hombres volverían a mantener un segundo encuentro sin que existiera acuerdo alguno. Sin embargo, la nueva empresa de la denunciante, Alberdi&Vicinay, fue «vetada» en un contrato posterior en Miñano «por indicaciones de Txitxo».

Misma notaría de Amurrio

La investigación ha desvelado que Miñano parece formar parte de un todo que el juez intenta descifrar partiendo de Kataia, empresa con escasa estructura y que entre 2005 y 2009 ingresó 280.109 euros. Más de la mitad de ese dinero partió de Sidepur, firma del jeltzale Iosu Arruti que impulsó una operación urbanística en el municipio de Zambrana también bajo sospecha.

El informe también habla de Frúniz, la localidad en la que los dueños de Kataia compraron un terreno. La adquisición se financió en parte con un préstamo superior a 200.000 euros dado por un grupo catalán que había invertido en la misma operación. La compra se cerró con amigos como Iñaki San Juan, exconcejal del PNV de Leioa, también imputado por un supuesto trato de favor por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco en la época de Juan José Ibarretxe. La acusación ha salpicado a dos exaltos cargos: Xabier Sánchez Robles y Gurutz Larrañaga.

La Ertzaintza deja entrever que hay un ramillete de empresas creadas en la misma notaria de Amurrio sobre las que De Miguel parece tener poder de decisión. Entre otras, Errexal, Ortzi Muga, Altzabeitia -las tres de San Juan-, Eskalmelo y Ezkibel, propiedad de Prudencio del Hierro, un constructor bajo sospecha. Así lo entienden los agentes tras analizar las comunicaciones entre De Miguel y su hermana, que trabajaba desde su domicilio llevando la contabilidad de buena parte de esas firmas.