El pasado de Batasuna cierra puertas a Sortu

En Madrid creen que Sortu es Batasuna, solo que con otro nombre. Son los responsables del nuevo partido quienes deben evidenciar su ruptura con el pasado sin que exista la más mínima duda razonable». Un magistrado asentado en Euskadi y con buenos contactos en la capital del Estado describe con sinceridad el «ambiente» judicial que se respira en torno al Tribunal Supremo. La impresión generalizada en ámbitos jurídicos es que la nueva marca de la izquierda abertzale tradicional lo tiene «complicado» para pasar el examen de la Sala Especial del Artículo 61, la encargada de aplicar la Ley de Partidos aprobada en 2002.

Los magistrados consultados, tanto progresistas como conservadores, reconocen, no obstante, que la formación radical se lo ha puesto «muy difícil» al Supremo con la redacción de unos estatutos que consideran prácticamente «perfectos». También suman a su favor pronunciamientos como el que han realizado esta semana al «rechazar» la violencia callejera reciente y desmarcarse de los planes del 'comando Otazua' de atentar contra el lehendakari, Patxi López, el pasado año durante el primer aniversario del asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles.

Sin embargo, coinciden en que el pasado de Batasuna sigue siendo una «losa» para el futuro de la formación abertzale. «Fueron ilegalizados por los atentados que ETA cometió en el pasado. Si el nuevo partido quiere acreditar que se ha desvinculado de eso y que sus siglas son diferentes a las anteriores, parece evidente que debería también rechazar el terrorismo del pasado», advierte un magistrado que ejerce en la capital del Estado. El rechazo a las acciones criminales que la banda ya cometió aparece como un paso «necesario» para que Sortu sea «creíble» a ojos de los jueces de la Sala del 61, primero, y luego del Tribunal Constitucional. Apuntan en este sentido que, al tratarse de un incidente de ejecución de la sentencia que proscribió a Batasuna, son los responsables de la marca naciente los que deben aportar «pruebas indubitadas» de que han roto con «todo» lo anterior.

La visión generalizada de este caso ofrece, aún así, matices en función de a quién se pregunte. Cuanto más implicada esté la fuente en la actividad diaria de los palacios de Justicia de Euskadi, mayor convicción existe de que la nueva formación debería ser autorizada y participar en las elecciones municipales. «Jurídicamente no hay motivos aparentes para dejarles fuera», aseguran varios jueces vascos de diferente tendencia asociativa. En su opinión, la marca bajo sospecha debería estar en las urnas porque lo que dicen «es otra cosa» que lo que planteaban HB o Batasuna.

«Hubiera valido en 2006»

Sin embargo, cuando el interlocutor mira desde cierta distancia, mayores son los recelos que suscita el partido recién presentado y más fuerte es la convicción de que existen «vínculos directos» con la antigua Batasuna. «Lo que ahora dice Sortu hubiera valido en el año 2006. Ahora ya no», advierten desde el propio Supremo en alusión al fresco recuerdo del proceso de paz de hace casi cinco años. En buena parte del alto tribunal y de quienes ejercen la carrera judicial en el entorno de la madrileña calle Marqués de la Ensenada se ha instalado la creencia de que el proyecto trata de «enmascarar un continuismo» con lo que fue la coalición ilegalizada en 2003.

Unos y otros aseguran que la «letra» del nuevo partido «está bien», pero acto seguido advierten de que «el papel lo aguanta todo», en referencia tanto a los estatutos abanderados por el abogado Iñigo Iruin y el exmahaikide Rufi Etxeberria como a la nota de prensa remitida el pasado jueves contra el plan para asesinar a Patxi López. Entienden que convendría que palabras y actos en vivo acompañaran a lo escrito. «En principio todo parece correcto, pero cuando rascas un poco aparece lo mismo de siempre», explica un magistrado del ala progresista en referencia a la rueda de prensa que los impulsores de la nueva formación concedieron en Madrid el día que formalizaron la inscripción de sus siglas en el Ministerio del Interior.

Aquel 9 de febrero el profesor de la UPV Iñaki Zabaleta, uno de los fundadores de la marca, aceptó responder a las preguntas de los periodistas -no lo había admitido un día antes en Bilbao- y apenas supo cómo salir del paso de quienes le inquirían de forma reiterada sobre si se desmarcaban de los atentados cometidos con anterioridad por ETA o si estaban dispuestos a reunirse con las víctimas. «Emplearon las mismas frases enigmáticas y sin querer ir más allá que ha utilizado siempre la izquierda abertzale para eludir hablar de ciertos temas», añade la misma fuente. Desde ese día, los responsables de la nueva formación han permanecido en silencio y sólo se han expresado a través de textos remitidos por correo electrónico a los medios de comunicación. «Lo que no se dice -añade otro magistrado- tiene tanta o más trascendencia que lo que se dice».

Falta de credibilidad

El problema, aseguran las fuentes consultadas, es la «falta de credibilidad» de la izquierda abertzale tradicional. Aunque se reconocen los «esfuerzos» por tratar de transitar «de la ilegalidad a la legalidad», pesan las experiencias anteriores. Y en este aspecto consideran que Sortu se «jugará su futuro» en la fase de alegaciones y en la vista oral que se celebre en el Supremo. Lo que digan ante los 16 magistrados de la Sala del 61 «marcará» la decisión final. No se descarta que en el tribunal los representantes legales del partido «den un pasito más» en su desmarque de la violencia. Hasta dónde tienen pensado llegar es toda una incógnita y motivo de conjeturas entre la judicatura.

A partir de ahí, todas las fuentes consultadas coinciden en que el debate que vayan a protagonizar a puerta cerrada los jueces de esa Sala Especial va a ser «intenso». Pocos dudan de que en el plenario habrá «serias discrepancias» y que parece complicado que se produzca una resolución «por unanimidad», aunque el presidente Carlos Dívar se esforzará en ello. Las diferencias de parecer entre unos y otros dependerán de «dónde coloque cada uno el listón de la exigencia» a Sortu, explican juristas que no participan de las deliberaciones de la Sala del 61. «Será una cuestión apreciativa y de valoración», anuncian. «Todo el historial de violencia pasada -insisten- supone una duda razonable sobre las verdaderas intenciones del nuevo partido».

Quienes defiendan que la izquierda abertzale tradicional se ha ganado recuperar la legalidad esgrimirán que la no admisión en el registro de una formación política debe «limitarse sólo a casos muy evidentes» de conducta delictiva, y que la reforma de la ley electoral recién aprobada permite sacar de sus escaños a los concejales que no condenen actos terroristas. Otro argumento que juega a su favor es que el rechazo a la violencia pasada no ha sido un requisito para otras fuerzas. «No hay nada de eso en la Ley de Partidos. ¿Y qué pasa entonces con el PP y los crímenes del franquismo?», advierte un juez progresista que ejerce lejos de Euskadi. También pesará, advierten fuentes cercanas al Supremo, el que se vaya a dejar «fuera de la participación democrática a una parte importante de la sociedad vasca».

La composición de la Sala del 61 ha variado en los últimos años hasta modelar una mayoría progresista, aunque el peso de la discusión, dicen, recaerá en Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal, Ricardo Enríquez, Aurelio Desdentado y Juan Antonio Xiol. Los tres primeros participaron en el proceso de ilegalización de Batasuna y han asistido a las sucesivas transformaciones electorales de la coalición. Xiol se les unió en 2005.

Temor a una desautorización

Aún así, una «preocupación» marcará el debate. Los jueces del Supremo no quieren que se vuelva a repetir la experiencia de 2009 cuando el Tribunal Constitucional enmendó la plana a la Sala del 61 y permitió que Iniciativa Internacionalista -para quien la izquierda abertzale radical pidió el voto- se presentara a las elecciones europeas. Jueces de diferentes tendencias creen que aquello fue un «toque» de atención para que tanto la Fiscalía como el propio Supremo tomaran decisiones «bien fundamentadas». Recuerdan que aquel caso aludía a unos comicios donde «Batasuna tenía pocas opciones» de conseguir un europarlamentario y que en la actualidad no se dan las mismas circunstancias con Sortu porque Iniciativa era un partido que ya había concurrido en las urnas y tenía una trayectoria.

En este punto, sí surgen dudas de qué hará la Sala del 61 ante el temor a volver a ser desautorizada. Mientras unos creen que no se «atreverá a lanzarse a la piscina si no ven agua», fuentes cercanas al Constitucional advierten que «el Supremo no se ha complicado nunca la vida» y dan por segura la no autorización al nuevo partido. La respuesta, en poco menos de mes y medio.