ETA se cuela en la sala

Leídas las dos demandas -la de la Abogacía del Estado y la de la Fiscalía General- en la causa contra la inscripción de Sortu, me quedo con la segunda. Frente a la sobrecarga pasional que lastra a la primera, la del Ministerio Público ha sido estructurada y redactada con la intención de que el tribunal eleve a certidumbre toda una serie de indicios que se le presentan de manera razonada y persuasiva. Parte de la creencia de que la acumulación de probabilidades, cuando éstas convergen entre sí y se valoran en su conjunto, es capaz de generar certezas. Desde esta perspectiva, y aplicando la técnica del 'levantamiento del velo', se propone dejar al descubierto el «fraude de ley» que se ocultaría, a su entender, en el partido que la izquierda abertzale quiere inscribir en el registro con el fin de volver a la legalidad sin romper con su pasado.

Como cualquier razonamiento que se basa en la doctrina de la convergencia de probabilidades y en la técnica del 'levantamiento del velo', este de la Fiscalía General se enfrenta a la dificultad de ser extremadamente riguroso a la hora de superar los obstáculos que surgen en el siempre complejo proceso de transformar sospechas en certezas. Y yo creo que en un par de puntos le ha faltado esa dosis necesaria de rigor.

El primero, de índole tan concreta que puede quedar en anécdota, se refiere a la selección de los indicios que se presentan en la demanda. La Fiscalía parece haber pensado que, cuanto más sean aquellos, más fuerte será la certeza que produzcan. Sin embargo, para que los indicios tengan eficacia probatoria, lo que importa es que, sean muchos o pocos, converjan en un mismo objetivo y no se contrarresten unos con otros. Y esto segundo es lo que le ocurre a veces a la demanda. He aquí un ejemplo.

Insiste en que la ostentosa presencia de miembros de la antigua Batasuna en el acto de presentación de Sortu es indicio de la continuidad que mantiene el nuevo partido respecto del antiguo. Pero afirma a la vez, unas páginas más adelante, que la ausencia de la iconografía tradicional de Batasuna en el mismo acto es también indicio de «la voluntad defraudatoria» de ocultar tal continuidad. Pues bien, o lo uno vale como indicio o vale lo otro, pero no los dos al mismo tiempo. Pues juntos suenan a algo así como, «si tiene txapela, señal de que es vasco, pero, si no la tiene, también, porque se la ha quitado para disimular». Se le fue la mano al fiscal en su celo probatorio.

El segundo punto en que la demanda deja no poco que desear en cuanto al rigor de su razonamiento tiene mayor trascendencia, habida cuenta que afecta a la eficacia global de su esfuerzo probatorio. La Fiscalía se propone construir un relato que dé cuenta cabal de los motivos que han llevado a la izquierda abertzale a inscribir un nuevo partido. Lo logra entrelazando una serie de indicios que tienen, uno por uno, dudosa fuerza probatoria, pero a los que, tomados en conjunto, no se les puede negar poder de persuasión. La idea resultante es que la izquierda abertzale habría adoptado la decisión de inscribir el nuevo partido por la presión que sobre ella han ejercido dos vectores contrapuestos: de un lado, el «imperativo legal» que le venía dictado por la Ley de Partidos, junto con las sentencias judiciales que la han aplicado, y, de otro, los límites que la misma ETA le habría impuesto para permitirle expresar su calculada ruptura respecto de la banda y de su propio pasado. Atrapada en esta pinza, entre ETA y el Estado, la izquierda abertzale habría montado el fraude de ley de unos estatutos que, pese a cumplir la formalidad de la norma, se sustraen a la materialidad de sus contenidos.

El relato es sin duda fuerte. Su fortaleza reside en la verosimilitud. Nadie que lo lea desapasionadamente podrá negársela. Todo en él encaja en lo que cabría esperar del proceder al que nos tiene habituados la izquierda abertzale. Pero, a la vez, es en esa misma verosimilitud o, por mejor decir, en ese no poder pasar de ella, donde reside también su debilidad. Porque, por verosímil que sea, el relato construido por la Fiscalía no supera la prueba de destruir la verosimilitud del otro relato alternativo que ha construido la izquierda abertzale y muchos ciudadanos han hecho suyo. Y, al no ser capaz de destruirla, se queda corto de la certeza que los tribunales de Justicia requieren a la hora de recortar derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como el de asociación y el de participación.

Ambos relatos, el del fraude y el de la sinceridad, deberán, por tanto, verse las caras y medir sus fuerzas. No son éstos, sin embargo, espacios blindados e impermeables a los que no tendría acceso la realidad política y social que los rodea. El propio relato de la Fiscalía abre de par en par las puertas del foro a esa realidad circundante, cuando, abruptamente y como sin venir a cuento, concluye su extenso alegato con la siguiente afirmación: «dado el escenario político-social de no desaparición de ETA, únicamente quedaba a esta formación (Sortu) desvincularse de modo explícito, claro y rotundo de los actos de terrorismo de ésta, lo que tampoco ha efectuado». Vuelve así a colarse en la sala de justicia el fantasma de la banda, que nunca dejará de perseguir a la izquierda abertzale mientras persista. Lo cual, visto cómo ha transcurrido la historia, tampoco debería extrañar ni escandalizar a nadie, pues cada una es como el ectoplasma de la otra, sin saberse muy bien cuál emana de cuál.