Urbanismo asumió 5 ejecuciones en 2010 por razones de seguridad

Se trata de saber cuál es el estado de los edificios y qué medidas se necesitan para garantizar todos los aspectos vinculados con la seguridad. Una idea que se valora muy positivamente desde la Concejalía de Urbanismo. El problema es cómo hacer que se cumpla la norma, porque «no todo el mundo dispone de los medios económicos necesarios para hacer frente a la revisión y a las obras».

Si a los propietarios, superados los 40 años del edificio en el que viven, se les da un plazo y no cumplen con el reglamento, «el Ayuntamiento debería hacer una ejecución subsidiaria y eso es problemático», valoró la responsable del área, Aitana Hernando. Y es que si cuando se pasa el cargo «no tienen dinero, pues no tienen». ¿Cómo ejecutar lo que manda la inspección sin la certeza de que se va a cobrar a posteriori?

En 2010 se llevaron a cabo un total de 5 ejecuciones con objetivos distintos. Una se centró en el proyecto de demolición del edificio incendiado en la calle San Juan, 4, donde el Ayuntamiento también asumió la contratación de las obras y la dirección de seguridad. Una vez realizado, uno de los propietarios ha pagado el coste y el otro no, con lo que «ha pasado a tramitarse por la vía ejecutiva».

El resto de las actuaciones supusieron la colocación de andamios, el cerramiento de un callejón y de los accesos a las traseras de un inmueble; y, en todos, fue la seguridad la que justificó la intervención municipal.

Documentación del Arch

Por otro lado, aunque no estén definidas como inspecciones técnicas, el Ayuntamiento sí que está elaborando informes similares y «muy completos» para todos aquellos que se acogen a las ayudas del Arch. «El arquitecto hace una revisión del inmueble y un informe con las obras mínimas exigidas, las recomendadas, el coste de las mismas, lo que tienen que presentar...».

Lo que sí «se podría estudiar» es si de las ayudas de la Junta para esta inspección se pueden beneficiar los dueños de viviendas incluidas en el Arch. Y es que la Consejería de Fomento va a sufragar hasta el 30% del coste de la inspección.

También la Junta bonificará obras en inmuebles de más de 30 años de antigüedad para garantizar su conservación antes de la revisión obligatoria. La deducción en el IRPF asciende al 15% de la cantidad abonada a la empresa que efectúe el trabajo con un máximo de 10.000 euros por ciudadano.

Para los arquitectos, a priori, la ITC es un argumento económico positivo porque va a generar trabajo en un sector ahora en crisis, pero siempre y cuando les sea rentable. Hablar de 600 euros por edificios es «vergonzoso» para algunos. El trabajo y las horas de dedicación no se verían compensadas con ese dinero. Eso sin entrar a valorar la responsabilidad que deba asumir el técnico. «Habrá que valorar cuál es la exigencia final». No siempre es posible certificar que algo va a ser seguro durante 10 años más.