«En Zambrana hay varios millones invertidos sin conocerse su destino»

La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsables políticas de la Diputación alavesa en la fallida macrorrecalificación urbanística ideada en 2004 en Zambrana ya cuenta con las conclusiones provisionales referidas a tres meses de intenso trabajo. El presidente del órgano, Javier Ruiz de Arbulo (PP), entregó ayer al resto de formaciones de la Cámara un documento que podrá enmendarse la próxima semana y que se aprobará de forma definitiva el día 25 de marzo. Entre otras conclusiones, de carácter secreto, se constata la comisión de posibles irregularidades de índole penal, lo que obligará a la Mesa a trasladar la documentación analizada tanto al juez que investiga esta operación como al fiscal.

Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el texto elaborado hace referencia expresa al dinero invertido -en balde, al menos hasta ahora- por el grupo catalán Riera Urbanizer S.L., creado 'ad hoc' en 2005 de la mano del empresario vizcaíno vinculado al PNV Iosu Arruti, quien atrajo hasta tierras alavesas a su amigo y socio Francesc Fernández Joval, que se ha llevado más de un millones de euros en comisiones legales, según declaró en las Juntas su todavía socio y sucesor al frente de la gerencia de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero. Y todo ello, para comprar más de un millón de metros cuadrados en Zambrana con el fin de impulsar un gran polígono industrial.

El presidente de la comisión, analizados los datos oficiales de la Hacienda foral y las transcripciones de los comparecientes, matiza que no ha sido capaz de averiguar el destino de parte del dinero gastado, pero sí concluye que los socios de la empresa inversora han pedido «millones de euros» cuyo destino se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto, casi cuatro, se han dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.

Círculo de amistades

El documento también hace especial hincapié en el papel que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente y, en concreto, de la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa -el próximo día 17 se cumple un año de su detención y posterior puesta en libertad-. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años, como desveló este periódico.

De estos, 180.150 proceden de Sidepur, firma de Iosu Arruti, verdadero cerebro de la 'operación Zambrana' -ha percibido en torno a 1,1 millones de Riera Urbanizer-. Este hecho no ha pasado desapercibido para la comisión, que recuerda cómo sólo un día después de que Riera abonara el primer pago a Sidepur, esta firma pagó 130.000 euros a Kataia por trabajos urbanísticos. Corría 2005. Ya en 2006 y 2007, hubo otros dos pagos por «asesoramiento», uno de 20.000 y otro de 30.000, como consta en Hacienda. Sin embargo, no existe constancia documental de los trabajos hechos.

Los junteros, en este sentido, han constatado un círculo de amistades y compañeros de partido que podría haber derivado en la existencia de un posible tráfico de influencias, el mismo que el juez está investigando. Para muestra, un botón. Recalcan que el propio Arruti confirmó que sólo hablaba con De Miguel, cuya mujer, también imputada, trabajaba en Nai Duenak, empresa de la que Arruti es apoderado.

El documento, según las fuentes analizadas, también advierte de un posible perjuicio patrimonial para la Diputación, institución que debía aprobar el cambio de normas subsidiarias propuesto en Zambrana para 120 hectáreas. Se da la paradoja de que a mediados de 2007, tras la llegada del PNV a la Diputación, De Miguel, hasta entonces secretario general del ABB, es nombrado diputado de Administración Local, estando entre sus responsabilidades el área de Urbanismo.

Cambio de criterio

El proyecto sigue su curso y es el 13 de marzo de 2009 cuando llega la primera criba en el seno de la comisión de urbanismo del País Vasco -en aquel momento, de 120 hectáreas ya se había rebajado a 66-. En aquella votación y en una actuación hasta la fecha inédita, el PNV en bloque pide votar a mano alzada los informes técnicos del Gobierno vasco contrarios a esta recalificación. Ganan -por aquel entonces gobernaba Ibarretxe- y la tramitación sigue adelante. A la cita no acudió De Miguel, sino su director, Iñaki Nafarrate, luego nombrado sucesor. Y entre sus argumentos, leyeron unas notas a favor del proyecto que no están firmadas por ningún técnico de la institución.

Meses más tarde y alegando la existencia de informes medioambientales de la Diputación, el equipo de De Miguel decide rebajar a 22 hectáreas la recalificación. Y lo hace ante la sorpresa de Riera Urbanizer, que recurrió ante los tribunales la decisión al considerar que la orden foral fue emitida fuera de plazo.