Aralar y EA se suman a la izquierda radical y exigen que durante la tregua no haya más detenciones

Los firmantes del Acuerdo de Gernika no quieren nuevas operaciones policiales que entorpezcan «el proceso» abierto tras los pasos dados por la izquierda abertzale tradicional en el último año y tras la tregua decretada por ETA el pasado enero. Aralar y EA se sumaron al discurso más cercano a la antigua Batasuna para calificar de «inadmisible» que se registren arrestos «y torturas» justo cuando, en su opinión, Euskadi afronta el «proceso resolutivo de un conflicto».

«No aceptamos más detenciones por razones políticas, ni situaciones como la incomunicación, ni la aplicación de la más brutal violencia con objetivos políticos», suscriben las tres formaciones en un manifiesto bajo el lema 'Atxiloketa gehiago ez! Tortura amaitu!' ('¡No más detenciones! ¡Que cesen las torturas!). El documento había sido impulsado por el colectivo contra la tortura y consensuado con sindicatos como LAB, Hiru y Ehne, partidos como Alternatiba y con el Movimiento pro Amnistía. Fuentes de Aralar explicaron ayer que el motivo de la convocatoria inicial era el de denunciar la incomunicación que se aplica a los acusados de terrorismo y solicitar su eliminación. Un cambio legislativo que la formación que dirige Patxi Zabaleta ha defendido desde su constitución.

La declaración de ayer se hizo pública en San Sebastián apenas tres días después de que la Guardia Civil detuviera en Vizcaya a los cuatro presuntos miembros de un comando de ETA. Los firmantes instan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que «cambie las políticas represivas» y adopte «los pasos que le corresponden para alcanzar un escenario de paz y democracia». Y en ese camino, entienden, no son oportunas detenciones como las del pasado martes. «Las redadas son premeditadas, bien calculadas y utilizadas con claros objetivos políticos», sostienen en el texto antes de considerar que la actuación policial coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska no se ha producido por «casualidad».

Las fuerzas que integran el Acuerdo de Gernika -en el que se insta a ETA a su desaparición definitiva- sostienen estar convencidas de que la Administración central está actuando «según las viejas recetas ante cada avance del proceso». EA, Aralar y la izquierda abertzale llevan semanas intentando presionar a los Ejecutivos de Madrid y Vitoria para que hagan algún tipo de movimiento y acompañen la decisión de ETA declarar un alto el fuego. Entre otras cosas, exigen un nuevo proceso de diálogo con la banda como el emprendido en 2006 y que Sortu sea admitido como un partido más dentro del sistema y que pueda participar en las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo. De estar en las urnas la nueva marca, advierten, se dará un importante empujón para que los terroristas se convenzan de dejar las armas de manera definitiva.

El manifiesto hecho público ayer califica de «decepcionantes» las posiciones que abanderan en Ajuria Enea y La Moncloa y acusan a ambos gobiernos de llegar «a utilizar la violencia extrema» contra la izquierda independentista vasca. «Siguen empeñados en esa lógica -aseguran en el texto-. Sólo de esta manera se pueden entender las amplias operaciones policiales que se han vuelto casi semanales y las terroríficas denuncias de tortura posteriores». La rueda de prensa se celebró horas antes de que se conociera que el supuesto jefe del 'comando Otazua', Daniel Pastor, tuvo que ser hospitalizado después de sufrir heridas en los calabozos que la policía atribuye a que se autolesionó para denunciar malos tratos.

Las formaciones y agentes sociales que suscriben la declaración también ofrecen su particular lectura de la lucha antiterrorista. Arrestos como los llevados a cabo esta semana tienen, a su juicio, un claro objetivo: «vender el humo de la efectividad policial» ante la sociedad española, aunque «en el fondo» lo que realmente pretenden es «difundir el miedo entre la ciudadanía vasca».

«Multiplicar» las denuncias

En esta línea, aseguran que «casi todos los militantes» detenidos en las últimas semanas -no explicaron si bajo esta alusión se incluyen también los presuntos asesinos del inspector Eduardo Puelles- «son personas que realizaban un trabajo político y social en barrios y pueblos». Para tratar de acabar con esta situación, los firmantes expresaron su voluntad de «multiplicar» sus actos de denuncia y de trasladar a la calle su «compromiso» para acabar con las torturas y la incomunicación. De no obtener una respuesta positiva por parte del Gobierno central, anunciaron que no se quedarán «de brazos cruzados», aunque no especificaron qué «nuevos pasos» pretenden dar.

El colectivo contra la tortura (TAT) había convocado ayer una jornada de movilización contra la legislación vigente para detenciones de presuntos miembros de ETA. Un llamamiento que suele producirse después de operaciones policiales como la que ha desmembrado uno de los comandos más activos desde la tregua de 2006.